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Medios

09/01/2017
Fuente: jorgeleon.mx
Fuente: jorgeleon.mx

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telecomunicaciones

Tres especialistas opinaron en Perfil sobre el decreto 1340

Enrique Carrier, Andrés Gil Domínguez y Martín Becerra editaron sobre los favorecidos y los perjudicados de la medida que modificó el panorama para empresas de telefonía móvil y cableras.


En la edición sabatina de Perfil, el matutino reunió la opinión de tres especialistas en telecomunicaciones a los efectos de arribar a una serie de conclusiones sobre el decreto presidencial 1340/2016 que cambió las reglas del mercado para las empresas de telefonía móvil y de televisión por cable.

A continuación, la opinión de Enrique Carrier, analista de mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones; y Director de Carrier y Asociados:

Quién gana y quién pierde

Mientras todos los ojos están puestos en Cablevisión y Telefónica intentando descifrar quién es el ganador luego del decreto pro convergencia, en realidad la situación de ambos no es tan evidente por el momento. Sí hay claros ganadores en el resto de la industria.
En una primera lectura, Cablevisión se ve beneficiada por la posibilidad de utilizar el espectro que posee, luego de la compra de pequeños proveedores de internet inalámbrica, para dar servicios móviles. Sin embargo, el decreto menciona, pero no precisa, compensaciones económicas y obligaciones de cobertura como parte de este cambio de destino. Esto, que se traduce en dinero a invertir, puede marcar una diferencia clave. 

Otros ven en Telefónica (y también Telecom y Claro) al ganador: se confirmó el 1° de enero de 2018 como fecha para que puedan dar servicios de TV. Sin embargo, sólo podrán ofrecer TV en las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. El resto del país no tiene fecha cierta para la convergencia. Además, se les impide utilizar satélite para dar TV, lo que le permitiría un despliegue más veloz y barato del servicio. Sí se ven favorecidos con que toda red de nueva generación que se despliegue no deberá “abrirse” al uso de terceros por un plazo de 15 años, exigiendo que sus competidores inviertan en redes propias. No obstante, este privilegio será para todo aquel que despliegue redes modernas, incluyendo a operadores de TV por cable.

A pesar de estos claroscuros, surgen detrás algunos ganadores netos. Unos son los operadores de TV por cable que operen en cualquier localidad que no sea alguna de las tres ya mencionadas. Aquí van desde los pequeños operadores en pueblos y ciudades menores hasta otros más importantes como Supercanal (de Vila y Manzano), que es fuerte en Mendoza y otras localidades no alcanzadas por la convergencia. Otro beneficiado es DirecTV, ya que si bien la regulación actual impide que un proveedor de servicios de telecomunicaciones también ofrezca TV satelital, en este caso se respetó su situación previa a esta inhibición, cuando ya ofrecía ambos servicios. Más que ganar podría decirse que evitó una derrota que hubiera puesto en jaque su situación estratégica en Argentina.

No puede decirse que los usuarios sean los ganadores en el corto plazo. A pesar de los discursos, la regulación pone prioridad en la inversión como paso previo para una mayor competencia que se hará efectiva en el mediano plazo, no antes de 2018. Una priorización de la inversión que es entendible. Argentina necesita recuperar el tiempo perdido”.


Andres Gil Domínguez, miembro de la comisión redactora para la nueva ley de comunicaciones convergentes, también se refirió al respecto:

Positiva y contradictoria

Mediante el decreto 1340/16, el Gobierno dio un nuevo paso hacia la regulación de las comunicaciones convergentes reglamentando las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de argentina digital.

El decreto adopta un concepto de convergencia amplio que incluye las redes y los servicios con el objeto de garantizar el derecho de acceso igualitario a internet en todo el territorio nacional como vehículo de disfrute equitativo de los contenidos audiovisuales asumidos como bienes culturales. En este punto, persigue la gestión y administración eficiente de un bien común de la humanidad, como lo es el espacio radioeléctrico, que definitivamente no es del dominio público del Estado, mediante el cual a través de la telefonía celular se accede a internet.

En general, se sostiene sobre dos ideas fuerza. La primera posibilita que los actores convergentes puedan brindar toda clase de servicios y desarrollar redes de próxima generación. La segunda propone que se sumen nuevos jugadores en la prestación a efectos de estructurar una competencia real, leal y efectiva. En particular, ingresa en un campo de contradicción con sus postulados, al sostener un esquema aplicativo desigual que beneficia al jugador más fuerte de las comunicaciones convergentes. Las telefónicas podrán ofrecer televisión por cable desde el 1º de enero de 2018, mientras que respecto del jugador más chico que sólo tiene un poco más del 1% del mercado e intenta desarrollarse no se fijó una fecha cierta de prestación de servicios de telefonía móvil mediante la reatribución de frecuencias del espectro radioeléctrico y se estableció que debe haber una compensación económica y una obligación de uso compartido.

También estableció un excesivo plazo de 15 años de protección para el uso exclusivo de las redes fijas de última milla para banda ancha que desplieguen, lo cual implica una barrera para los operadores que quieran entrar al mercado y, a la vez, un exiguo plazo de tres años de tarifas asimétricas de interconexión y de acceso al roaming a favor del entrante cuando en el derecho comparado los plazos oscilan entre cinco y diez años. Estas condiciones de regulación asimétricas ni siquiera fueron solicitadas por las entidades que representan al sector (tales como Asiet o GSMA) cuando expusieron sus propuestas ante la comisión redactora para la nueva ley de comunicaciones convergentes.

El decreto establece una regulación de las comunicaciones convergentes en general positiva, pero que entra en contradicción con el esquema de aplicación particular propuesto y siembra fundados interrogantes respecto de los derechos de los usuarios y consumidores y la existencia de una competencia plena”.


Además, Martín Becerra, especialista en medios e investigador manifestó:

Proteccionismo convergente

A través de un decreto correctivo de decretos previos, el gobierno de Mauricio Macri abrió 2017 con un nuevo cambio en las reglas de juego en las comunicaciones. Preocupado por la mala calidad de los servicios, su lentitud y el atraso en infraestructura, y necesitado de inversiones, Macri concedió a los gigantes de las comunicaciones, Telefónica y el Grupo Clarín, mayores beneficios para acceder y explotar recursos públicos como el espectro radioeléctrico.

El decreto 1340/16 confirma que Telefónica, Telecom y Claro podrán brindar TV por cable en los grandes centros urbanos desde 2018, además de postergarse las obligaciones contraídas en la licitación de 4G. También blanquea la controvertida compra que hizo el Grupo Clarín de licencias de espectro en 2,5 Ghz. para usarlo en telefonía móvil vía reatribución de su empleo. Cablevisión/Nextel (60% Grupo Clarín y 40% Fintech, de David Martínez, el accionista controlante de Telecom) dará telefonía móvil 4G durante 2018 en las ciudades más rentables. A su vez, las telefónicas serían compensadas con bandas 2,5 Ghz. En una hipotética fusión entre Telecom y Clarín, el grupo conducido por Héctor Magnetto sería doblemente favorecido.

El decreto obsequia a los operadores que construyan redes de nueva generación la protección de la 'última milla' (la conexión al hogar) por un plazo inédito de 15 años. En tanto, DirecTV (AT&T) sincera la prestación de conexión a internet, lo que contradice el DNU 267/15. Otros aspectos deben ser reglamentados por el ente gubernamental ENaCom.
El decreto valida un mercado convergente (en la perspectiva oficial es sinónimo de mercado único) en el que pocos operadores que dominan los mercados convocados a converger (telecomunicaciones fijas y móviles, audiovisual de pago y banda ancha a internet) obtienen mayores ventajas.

Como en otras áreas, Macri adopta la agenda de los principales intereses industriales. Pero en comunicaciones resulta casi imposible, en primer lugar, porque las tecnologías evolucionan y cada vez hay menos obstáculos para que Telefónica y el Grupo Clarín pretendan actuar en el segmento donde el otro es dominante; en segundo lugar, porque emergen nuevos actores globales (como Netflix o WhatsApp) que son heréticos con respecto a las regulaciones de países semiperiféricos.

Los conglomerados del sector reclaman competencia donde no están, pero la impiden donde actúan. La agenda adoptada por el Gobierno promete, en el discurso, competencia y apertura; en los hechos, es proteccionista de los actores industriales dominantes”.

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