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Medios

11/01/2017
Fuente: Señales
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telecomunicaciones

Santiago Marino también opinó sobre el decreto 1340

Ámbito consignó el imperdible análisis que el especialista publicó en el Buenos Aires Herald. “La competencia es un rasgo ausente” en la Argentina, advirtió.


Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación (FSOC-UBA), escribió un artículo para el Buenos Aires Herald en el que analizó la política del gobierno de Mauricio Macri en materia de telecomunicaciones. Hoy, Ámbito -también de Indalo Media- levantó la opinión del especialista.

Marino enfocó puntualmente en el decreto 1340/16 que hizo ascender la temperatura entre los ya enfrentados Grupo Clarín y Telefónica.

Según describió, el sistema de medios argentino es “complejo”, presenta “altos niveles de concentración de la propiedad y una fuerte centralización en la producción de contenidos en el área metropolitana de Buenos Aires”. Además, anotó que la presencia de capitales extranjeros es “muy significativa, a punto tal que uno de los dos grupos más importantes es de capitales foráneos”. 

Con todo, consignó que “la competencia es un rasgo ausente y la prestación de servicios de calidad es muy dispar entre las grandes ciudades y las localidades de provincias”.

Planteado este escenario, remarcó que estas características alcanzan a los medios audiovisuales tradicionales (televisión abierta y de pago, por cable y satélite), a las telecomunicaciones (telefónica móvil y fija) y la prestación de servicios de conexión a internet.

“Desde hace varios años se instaló la discusión sobre la necesidad de regular de modo convergente sistemas históricamente divergentes y con tradiciones normativas diferentes. Mientras que para los medios audiovisuales la ley enfoca en permisos para usos de espectro (licencias) y contenidos, las telecomunicaciones son prescriptas en términos de infraestructura y cuestiones económicas. La etapa actual parece demandar un marco convergente. Las dificultades, como se verá, son mayúsculas”, enfatizó Marino.

Así, valoró que el Gobierno de Cambiemos heredó un marco de normas y leyes para el sistema comunicacional que “en gran parte es resultado del debate iniciado en 2008 tras el conflicto entre el Gobierno de Cristina de Kirchner y los sectores dependientes del agro, por la resolución 125 sobre derechos de exportación de la soja”.

La Ley Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el decreto de TV Digital -ambos aprobados en 2009- más la Ley de Telecomunicaciones 'Argentina Digital' de 2014 fueron la manera en que el kirchnerismo contempló la convergencia, editó; y agregó que “más allá de la forma en que la ley de 2014 introdujo la cuestión, la aplicación distaba de cumplir los objetivos” aunque “podía constituir un punto de partida para una política de Estado, al menos respecto de los organismos de aplicación y control”.

Con la llegada de Macri a la Casa Rosada se apuntó a “desmontar la estructura heredada” con una serie de decretos y resoluciones que se sancionaron “en general sin mayor debate o con un diálogo limitado a los sectores empresariales” con el objetivo de “desguazar la LSCA, implementada en muy bajas dosis por el Gobierno anterior”, consideró el especialista.

Además de reparar en las definiciones contradictorias de Marcos Peña, Miguel de Godoy y Oscar Aguad, Marino opinó que la política de comunicación aplicada por el Gobierno “es resultado de la combinación de una serie de factores: la visión promercado, la relación de afinidad con las empresas dominantes del sistema y cierto desconocimiento de las lógicas y problemas del resto del campo comunicacional”.

El Gobierno, agregó, “busca garantizar la competencia en un mercado del que desconoce su rasgo central: la concentración”.

Es que de la TV paga, Cablevisión (Clarín) posee el 40% y Direct TV (AT&T) el 30%. “Los sigue Supercanal (Vila & Manzano), que apenas llega al 7% del total, consignó.

 



En telefonía fija, detalló, “el oligopolio es muy marcado: Telefónica (España) domina el 45% y Telecom (ahora en manos del Fondo Fintech, socio de Clarín en Cablevisión y una incertidumbre para el futuro) llega al 30%”.



En telefonía móvil (espacio donde se espera competencia a partir de 2018) “la torta se reparte entre tres: Claro (Carlos Slim) 34%, Telefónica (España) 32% y Telecom (Fintech y otros) 31%. Allí opera Clarín con Nextel, apenas tiene el 2% pero aspira a competir con servicios de 3G y 4G.




En Banda Ancha Fija se repite la división en tres, anotó: Cablevisión (Clarín) tiene el 28%, Telefónica (España) el 27% y Telecom (Fintech y otros) el 26%.




Marino advirtió que la convivencia entre Clarín y Telefónica “no parece incluir la competencia, pues para crecer, necesitan tomar una tajada del otro” y editó que el Decreto 1340/16 “definió un camino a la convergencia que no resolvió el choque de intereses, a pesar de los intentos por satisfacer a todos los contendientes”.

Con la medida presidencial, Clarín puede entrar a telefonía móvil (3G y 4G) pero con limitaciones técnicas que lo demorarán, y pasará a tener nuevos competidores en TV por cable, aclaró.

Sobre Telefónica, sostuvo que consiguió un “período insólito de 15 años de reserva para uso exclusivo del último tramo de la red, el puente a la convergencia” y destacó que podrá también ingresar al mercado de TV paga en Córdoba, Rosario y Mendoza desde 2018.

En tanto, DirectTV podrá brindar internet.

“Un dato muy significativo es que la regulación no establece límites específicos a la concentración, ni siquiera por cuotas de mercado. En esto hay acuerdo y ningún actor reclama”, remató.

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