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Mundo

12/12/2017
Fuente: Mglobal Marketing Razonable
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polémica

Estrategia española contra los trolls

El gobierno quiere promulgar una ley que obligaría a los usuarios de redes sociales a ser identificados “plenamente”. ¿Riesgos para la libertad de expresión?

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Mariano Calleja publicó un interesante artículo en ConfiLegal en el que repara en el conflictivo proyecto que busca aprobar el gobierno español para terminar con los trolls en las redes sociales.

Según contó el Licenciado en Derecho, el oficialismo busca “promulgar una ley que obligue a que los usuarios de redes sociales sean identificados plenamente antes de poder usarlas, y por supuesto durante su uso” debido a “las cada vez más habituales amenazas e insultos a diferentes figuras públicas que usan las redes sociales con diferentes fines, y que han visto como cada vez con mayor frecuencia, y amparados en el anonimato, son insultados, amenazados o acosados por personas que parecen volcar todas sus frustraciones y complejos en el ataque sistemático e injustificable”.

Pese a los esfuerzos de las compañías dueñas de las redes, sostuvo que “el problema es que son las propias empresas quienes determinan qué usuarios deben ser expulsados y cuales permanecen, y que comentarios merecen ser eliminados y cuales no, sin que exista más procedimiento que el criterio de las mercantiles, sin posibilidad de réplica”.

Calleja advirtió que los detractores de la medida valoran que el proyecto viola la libertad de expresión. Pero él no está de acuerdo: “la libertad de expresión no puede ser excusa para insultar o acosar. De hecho creo que debería ser al contrario, pues no hay mayor manifestación de libertad de expresión que sostener las opiniones personales no desde el anonimato, sino identificadas con su nombre y apellidos, y si esta opinión puede herir a alguien, que el ofendido pueda defenderse sabiendo quien ha vertido cada opinión, pudiendo ejercitarse las acciones judiciales que en Derecho le correspondan a cada uno”.

Además, consignó que la colaboración de las empresas que prestan el servicio de la redes sociales con la Justicia “es, por decirlo suavemente, escaso”.

Remarcó el licenciado que la identificación del usuario “permitiría que se acabara con la impunidad de los que se amparan en el anonimato, no para expresar una opinión -lo cual es lícito-, sino para acosar, insultar, vejar, menospreciar o incitar al odio”.

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