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| Adelanto de un pasaje
del libro “Historia Secreta: Devaluación y Pesificación” imprimir
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Por primera vez, un libro narra
el supuesto lobby
de Clarín por las Leyes de Quiebras y Bienes Culturales |
| “Historia Secreta: Devaluación
y Pesificación” del periodista Alejandro Rodríguez Diez analiza
aquellos días en que la Argentina atravesó su última gran crisis,
la que estallara en diciembre de 2001. El contexto político
lo marca la gestión en el ministerio de Economía de Jorge Remes
Lenicov, de la administración del Presidente Duhalde. Un pasaje
de la obra incluye la trama de la negociación que encaró el
Grupo Clarín para afrontar su por entonces difícil situación
financiera. El texto de Rodríguez Diez es la primera aproximación
a una historia hasta ahora nunca contada. El DsD presenta el
mencionado texto con la sola intención de contribuir a la transparencia
de la actividad periodística. Un libro polémico y actual de
imprescindible lectura. |
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El periodista Alejandro Rodríguez
Diez es el autor del libro “Historia Secreta: Devaluación y
Pesificación”, de Bifronte Editores. Rodríguez Diez trabajó
en las secciones políticas de los diarios El Cronista, Perfil
y la revista Tres Puntos. Fue jefe de prensa del senador del
Frepaso, Pedro Del Piero. Realizó el Programa Balboa para Periodistas
Iberoamericanos en España, tiempo durante el que trabajó en
las secciones "Iberoamérica" de las revistas Época y Trámite,
de Madrid. Cursó el postgrado de Medios de Comunicación y Opinión
Pública en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO).
El libro incluye en el Capítulo I, un pasaje titulado “Y el
Clarín estridente sonó” donde el autor narra el lobby y negociación
realizados por el Grupo Clarín durante los meses de enero a
abril de 2002 para afrontar su difícil situación financiera
mediante dos leyes: la ley de Quiebras y posteriormente la conocida
como Ley de Bienes Culturales.
El texto se inscribe durante la administración Duhalde y la
gestión en el ministerio de Economía de Remes Lenicov. Para
ello el autor entrevistó a numerosos protagonistas de aquella
historia. Rodríguez Diez reflexiona sobre la necesidad de “Blanquear
la acción de los grandes medios en las decisiones políticas
o económicas que llevan adelante los distintos gobiernos, es
un punto que la dirigencia política nunca pudo poner como ítem
del debate político en tren de intentar hacer de Argentina un
país lo más serio posible”. El autor rescata la posición que
tuvo en el Congreso de la Nación, la diputada Elisa Carrió;
analiza cuál fue el comportamiento mediático de otros medios
de comunicación, como Ambito Financiero y BAE o de periodistas
como Marcelo Bonelli.
El pasaje es el siguiente: |
| Y el Clarín, estridente sonó |
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Desconocido por el gran público, hubo un acontecimiento en
los primeros días del gobierno de Duhalde, que condicionó
durante dos meses las posibilidades de que Argentina llegara
a un acuerdo con el FMI, con los perjuicios que esto tuvo
para la economía del país. Se trató de un acuerdo secreto
entre el gobierno y el Grupo Clarín que derivó en la modificación
de la ley de quiebras.
El 3 de enero, dos días después de que el Congreso nominara
a Duhalde para hacerse cargo de conducir el país, hubo una
reunión reservada entre el propio presidente, Remes Lenicov,
el director general de Clarín, Hector Magnetto y el político-empresario
peronista Alberto Pierri. La presencia de este último –en
principio absurda-, se explica en que el hombre de La Matanza
se fue alejando poco a poco de la política activa para recostarse
en sus propios medios de comunicación (Canal 26, FM Eenergy
y la empresa de TV por cable Telecentro), y convertirse en
un empresario del sector, ya que también su papelera abastece
al mercado periodístico.
En medio del epicentro de la crisis, con el humo de los gases
lacrimógenos todavía flotando en las calles de Buenos Aires,
con el default nacional y popular declarado por Rodríguez
Saá al mundo y con los asesinados del 20 de diciembre recién
enterrados, el nuevo poder que se constituía creía imprescindible
una reunión con un jerarca de los medios y un puntero de La
Matanza devenido en hombre de negocios.
Pierri fue el organizador del encuentro y una vez sentados
a la mesa los participantes, planteó la necesidad de que el
gobierno implementara políticas que beneficien a las industrias
nacionales, que con una devaluación inminente quedarían desprotegidas.
Magnetto, a quien pocos le conocen la cara y mucho menos las
ideas, pero es quien verdaderamente maneja el Grupo, señaló
que había que pensar en algo para ayudar a los medios nacionales
y que, si esto se hacía, el gobierno podría contar con un
importante apoyo por parte del holding. Agregó, como una posibilidad
en ese sentido, modificar la ley de quiebras, pero diplomáticamente
no abundó en mayores detalles.
Esa modificación, básicamente, planteaba dejar fuera de la
ley el mecanismo llamado cram down, por el cual un acreedor
extranjero ante el incumplimiento de un deudor, puede quedarse
con la empresa como parte de pago. El Grupo Clarín, con una
deuda en el exterior que según reconocen ellos es de 930 millones
(hay estimaciones que dicen que la cifra sería mayor), presentía
que sus acreedores querían quedarse de un manotazo con el
holding mediático más grande de la Argentina. Según el Banco
Central argentino, AGEA S.A. (Nombre de la Sociedad de Clarín)
está número 30 en el ranking de las empresas endeudadas en
el sistema financiero local (a diciembre del 2001) con 95
millones de dólares de deuda, seguida en el número 37 por
su competencia, La Nación S.A. con 85 millones de dólares
de deuda. Esta es la deuda tomada hasta el 31 de diciembre
del 2001, es decir, antes de la devaluación.
Domingo Cavallo, quien fuera ministro de Economía sobre el
final del gobierno de De la Rúa, asegura que en su gestión
ya se le había otorgado un beneficio a Clarín, que fue disponer
una exención impositiva a las acciones preferidas de la empresa.
“Así y todo siguieron apostando al default”, asegura.
Días después de la reunión de Duhalde y Remes con Magnetto,
el Congreso recibió el proyecto de modificación de la ley
de quiebras con la exclusión del mecanismo de cram down,
tal como había pedido Clarín. El texto fue acompañado con
una nota de puño y letra del Jefe de Gabinete, Capitanich,
pidiendo “su urgente tratamiento y aprobación”. Mediante una
fuerte presión sobre el Congreso por parte del gobierno, la
ley se sancionó el 30 de enero, con algunas modificaciones
que se incluyeron en el Senado, que llevaron a un banquero
a reflexionar: “Cada artículo que le agregaron tiene el apellido
de un empresario”.
El equipo económico sentía que el ala política del gobierno
les había “ganado de mano” al mandar sin consultarles la ley
al Congreso, aunque la presencia de Remes en la reunión con
Magnetto permite dudar de esa sensación.
Esa norma puso los pelos de punta al FMI, a los países del
G7 y a los bancos locales, ya que al remover del texto el
cram down, estos sectores decían que significaba “el
fin del crédito para la Argentina”. En las reuniones de Remes
con el FMI, el discurso de los funcionarios del organismo
era que no debía haber privilegios para nadie y que una buena
ley de quiebras (con el cram down incluído) facilitaría
cambios de propiedad de empresas, lo cual ayudaría a la Argentina
a salir más rápido de la crisis.
Enterado el secretario de Finanzas, Lisandro Barry, del envío
de la ley, corrió hasta el despacho de Remes a plantear su
abierta oposición y a advertir de los inconvenientes que se
podrían generar con el FMI y los países del G7. Al entrar
a la oficina, el ministro se encontraba con el secretario
de Hacienda, Oscar Lamberto, que fue testigo involuntario
de un diálogo revelador.
-Jorge, este proyecto es una locura, no vamos a poder acordar
nunca con el Fondo-, exclamó Barry.
-Quedate tranquilo, eso ya está definido- respondió Remes
-¿Definido por quién?-
-Por el presidente- fue la respuesta final del ministro.
Esa ley de quiebras, según los que vieron el texto original,
había sido redactada por hombres del Grupo Clarín y quien
actuó como nexo entre la empresa y el gobierno fue el ex ministro
menemista José Luis Manzano. “Chupete”, como se lo apodó en
el ambiente político, tenía una llegada directa a los oídos
de Duhalde y para Clarín también era de confianza.
Manzano había sido ministro del Interior del gobierno de Menem
y debió abandonar el cargo en medio de acusaciones de corrupción
que tuvieron una amplia repercusión mediática. Quizá el entonces
joven dirigente peronista haya pensado “los medios me destruyeron,
con los medios he de volver” y decidió comenzar un proceso
de compra de empresas periodísticas hasta convertirse en un
poderoso referente del sector. Por ende, su lobby abarcaba
además de Clarín, a La Nación –también con una importante
deuda en el exterior-, y a sus propios medios (una lista interminable
en la que se pueden nombrar por ejemplo al Diario Uno de Mendoza,
al diario La Capital de Rosario, las radios La Red y Rivadavia).
Durante el período de tiempo en el cual el gobierno en forma
monolítica apoyó la “Ley Clarín” -como se la llamaba en el
Congreso-, la gestión de Duhalde y las medidas económicas
gozaron de un tratamiento favorable en los medios del grupo,
además de la minimización de las protestas sociales por la
situación agónica que se vivía. Esto último quedó claro cuando
un importante grupo de ahorristas y manifestantes espontáneos
realizaron un ruidoso cacerolazo en Plaza de Mayo, que no
fue emitido por los canales de noticias (TN pertenece a Clarín).
Sólo el periodista de espectáculos Jorge Rial decidió ponerlo
al aire y vanagloriarse de ser el único medio presente en
el reclamo.
Remes, obviamente al tanto del acuerdo entre el gobierno y
Clarín, comenzó a hartarse de recibir reprimendas en el exterior
que trababan el acuerdo con el FMI y, de a poco, empezó a
trabajar para la modificación de la ley y restituir el cram
down lo antes posible. Esta decisión se la comunicó a
Manzano un hombre de confianza de Remes y le pidió que busquen
otro mecanismo para aliviar su deuda porque con la ley de
quiebras no llegarían a su objetivo. “Es esto o nada. Mejor
dicho, es esto o la guerra” le respondió Chupete luego
de consultar con sus representados.
La vigencia de la ley de quiebras postergó el acuerdo de Argentina
con el Fondo y caldeó los ánimos de los intereses económicos
internacionales, que pidieron hasta el cansancio su derogación
antes de iniciar cualquier conversación. Para rellenar el
paquete de pedidos, también incluyeron la derogación de la
ley de subversión económica –por la que habían comenzado a
tener problemas judiciales algunos banqueros-, y la exigencia
de un pacto entre el Ejecutivo y las provincias. Pero el corazón
del reclamo de las finanzas internacionales era el pedido
de eliminar las modificaciones hechas a quiebras.
El equipo económico intentó por todos los medios convencer
a Duhalde de la necesidad de modificar la norma, para iniciar
de una vez un diálogo con los organismos internacionales sin
que ese tema fuera el excluyente, pero el presidente se mostraba
ambiguo en sus opiniones. “Es que Clarín estaba intransigente,
no veía otra forma de resolver su situación que no fuera a
través de la ley de quiebras”, señaló un vocero que en aquella
época ocupaba un despacho de la Rosada.
Con el paso de los días, los jerarcas del mayor diario argentino
comenzaron a percibir, -a través de la propia información
que publicaban sobre las quejas del FMI-, que peligraba la
vigencia por mucho más tiempo de la ley de quiebras y lentamente
abandonaron su intransigencia en los reclamos al gobierno.
Sin embargo, recién el 17 de abril –dos meses y medio después
de la sanción a pedido de Clarín-, el gobierno enviaría el
proyecto al Congreso para derogar el estorbo al acuerdo con
el Fondo. En la carta por la que Duhalde le pide a los legisladores
que dejen sin efecto la norma, se pudo leer un párrafo que
demuestra el cambio de postura oficial: “En el proyecto que
se eleva (...) se reincorpora el importante instituto del
cram down (...) alternativa importante para el recupero
de empresas en crisis”.
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| De la mano de Alfonsín |
Con la iniciativa de la ley de quiebras bombardeada,
Clarín no se quedó quieto. Fue así como para fines de febrero,
el máximo líder del Partido Radical y casi único aliado del
gobierno, Raúl Alfonsín pidió una reunión con Duhalde. El pedido,
como todo lo que pedía el ex presidente, fue concedido y quedaron
en encontrarse en Olivos. Allí el presidente y su ministro de
Economía recibieron a Alfonsín, quien llegó acompañado por su
amigo Mario El Ruso Brodershon.
En el encuentro, el viejo caudillo radical anticipó que llevaba
un pedido de “empresas periodísticas nacionales” y propuso que
el gobierno les otorgara un seguro de cambio, o en su defecto,
que usaran 800 millones de dólares de reservas del Banco Central
para cederles un préstamo con el cual los diarios pudieran comprar
su deuda en el exterior y convertirse en deudores del Estado,
con la tranquilidad que eso llevaría a sus balances financieros.
Duhalde lo escuchó atentamente y quedó en estudiarlo, y si era
factible, promoverlo.
Al otro día, Remes le entregó unos papeles a Barry que contenían
la propuesta elevada por Alfonsín y le pidió que lo estudie
rápido “porque me están apretando por todos lados”. El secretario
de Finanzas no necesitó estudiarlo. Terminó de leerlo, caminó
hacia la oficina de su jefe y fue contundente: “Esto es un despropósito,
un escándalo”. Remes aceptó sus críticas y se las transmitió
a Duhalde.
Luego de esa negativa, en la calle Piedras (sede de Clarín)
identificaron claramente que en el Palacio de Hacienda estaba
la principal traba para sus intenciones. Y no tardaron en reaccionar.
Tanto, que fue el propio Magnetto, el que le habría transmitido
al ministro de Economía, con palabras más frecuentes en los
cánticos de las hinchadas de fútbol que entre los de ejecutivos
de empresas, que su desatención a la situación del “gran diario
argentino” le provocaría un importante disgusto. “Ya vas a ver”,
terminó diciendo.
Así fue como el 14 de abril Clarín “fusilaba” al equipo con
una táctica particular. Al no poder hacerlo desde la tapa, ya
que estarían atacando al gobierno de Duhalde, lo hicieron desde
el Suplemento Económico, cuya portada decía en letras tipo catástrofe
“Una devaluación sin plan” y una enorme foto del ministro. Una
semana después caería Remes.
Mientras todo esto ocurría sin que el gran público estuviera
al tanto, Manzano bregaba en los despachos oficiales por una
solución urgente para la industria periodística.
Ante los demoledores ataques de Clarín, el sábado 6 de abril
se armó una reunión en la casa de la directora de Prensa del
ministerio de Economía, Silvia Mercado, para analizar el brete
en el que estaban metidos y cómo hacer para atenuar la embestida.
Además de la anfitriona, participaron de la reunión el entonces
vocero presidencial Eduardo Amadeo y el asesor comunicacional
de Economía, Héctor Stuppenengo. Allí, entre mates y facturas,
se debatió una estrategia para intentar esquivar las balas y
se decidió comenzar a informar sobre las medidas económicas
a través del diario Ambito Financiero.
Amadeo partió al encuentro del jefe de la SIDE, Carlos “Gringo”
Soria –que estaba acompañado por el que luego sería el vocero
de Duhalde, Luis Verdi-, para contarle la estrategia y pedirle
encarecidamente controlar las filtraciones de información hacia
el diario de Noble. Stuppenengo, por su parte, se fue a ver
al director de Ambito Financiero, Roberto García, para anunciarle
que sus periodistas serían beneficiarios de primicias sobre
medidas económicas, a cambio de un buen trato hacia el equipo.
Así, el diario de Julio Ramos comenzó a tener las decisiones
del Palacio de Hacienda antes que los demás matutinos, lo que
incrementó la ira de Clarín que se empezó a reflejar en los
comentarios económicos que el periodista Marcelo Bonelli realizaba
en el noticiero “Telenoche”. “Era terrible, Ambito sacaba la
información a la mañana y a la noche Bonelli nos destrozaba
diciendo que las medidas perjudicaban a la gente. Además teníamos
a los menemistas en contra, con lo cual eran palos por derecha
y por izquierda”, recuerda un ex funcionario de Economía. Con
la mención a “los menemistas” la fuente se refiere al grupo
mediático de Daniel Hadad (que incluye la emisora más escuchada
en la ciudad de Buenos Aires, Radio 10), vinculado con el ex
presidente Carlos Menem y con los sectores que más críticos
fueron con el abandono de la convertibilidad.
Paralelamente a estos entretelones, en Clarín se prosiguió con
la búsqueda de algún mecanismo que evitara quedar a la intemperie
de sus acreedores. Entonces se lo volvió a ver a Manzano por
los despachos oficiales con una nueva iniciativa: la ley de
“bienes culturales”.
Este nuevo instrumento, también diseñado por Clarín pero con
fuerte apoyo esta vez de La Nación, proponía a grandes rasgos
que ninguna empresa extranjera podría quedarse con más del 30%
de una firma argentina siempre que esta se dedicara a la producción
de “bienes culturales”, como ser los medios de comunicación
nacionales. Una ley que no por ser mucho más racional que los
intentos anteriores, dejaba de ser un privilegio excesivo. Los
antecedentes para esta nueva iniciativa se basaban en una norma
similar sancionada por el parlamento brasileño, a pedido de
otro de los grandes magnates de los medios de Latinoamérica,
el legendario y fallecido Roberto Marinho, dueño del poderoso
grupo “O Globo”
Para que la ley de bienes culturales no quedara fuera de contexto
y reafirmar esa sensación de ser un medio argentino 100%, Clarín
comenzó a diseñar una estrategia comunicacional destinada a
resaltar los valores típicos de nuestro pueblo. Así organizó
un “Campeonato Nacional de Truco”, editó libros de literatura
gauchesca opcionales con la compra del diario, planificó recorridos
por las “Rutas Argentinas” y llegó al paroxismo un domingo en
que junto con el ejemplar se regalaba a los lectores un paquete
de yerba Taragüí.
Manzano había convencido esta vez a su amigo Duhalde de la conveniencia
de que se aprobara la norma, y por primera vez, el equipo económico,
que tenía reparos, decidió disimular su posición para no entorpecer
el avance del proyecto, que no fue aprobado hasta los primeros
días en que el gobierno de Néstor Kirchner se hizo cargo del
Ejecutivo. |
| Advertencia de Carrió |
| En la sesión en donde se debatió
la ley cuyo nombre fue: "Preservación del patrimonio
antropológico, histórico, artístico y cultural,
de empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación
avanzada, de industrias destinadas a la defensa nacional y del
espectro radioeléctrico y los medios de comunicación",
la diputada Carrió pronunció un discurso en el
que no utilizó ningún eufemismo para describir
la situación:
"Señor
presidente: el año pasado votamos por unanimidad la
modificación de la ley de quiebras. Luego de eso vino
una exigencia del Fondo Monetario Internacional para que se
incorporara el cram-down, mediante la modificación
de la modificación que habíamos hecho a la ley
de quiebras. De modo que el texto del que estamos hablando
constituía precisamente la exigencia del Fondo Monetario
Internacional, contradictoria con lo que la Cámara
había votado unos meses antes.
Lo que se está haciendo acá tiene nombre y apellido,
y nosotros lo queremos decir muy claramente. Se trata precisamente
de respetar la dignidad nacional de los señores diputados
nacionales y el interés nacional de todas las empresas
nacionales, no sólo de "Clarín" y
"La Nación".
Un Parlamento que hace dos días dijo que iba a cambiar
no puede dictar una ley que otorgue un privilegio a empresas
con nombre y apellido en desmedro de las restantes empresas
nacionales. Esto último nos torna indignos a nosotros
y nos hace dictar una ley claramente inconstitucional por
ser violatoria del artículo 16 de la Constitución
Nacional.
¿Cuál es la razón para excluir del cram?down
a "La Nación" y a "Clarín"
y no al sector agropecuario o al metalúrgico, cuando
además el cram?down no es salvataje en la Argentina
sino el medio para que los bancos se apoderen de las empresas
argentinas? Esto es así porque cuando votamos esa ley
no se puso ninguna condición en el sentido de que se
mantuviera la empresa, con lo cual podrán desguasarla
para hacer más monopólico el mercado argentino.
Entonces, digamos la verdad.
Propongo que en vez de sancionar leyes inconstitucionales
y tener personas allí controlando qué diputados
votan y cuáles no, deroguemos el artículo del
cram?down para todas las empresas. Porque nosotros estuvimos
en contra de este instituto, y si hoy lo derogamos para todas
las empresas nosotros votaremos afirmativamente. No estamos
votando para los grupos, sino para el interés nacional
de todas las empresas argentinas. Pero no podemos hacer esto
que estamos haciendo.
Por último, ¿de qué interés nacional
estamos hablando? ¿Los negocios de un grupo periodístico
responden al interés nacional? ¿Cuándo
esos grupos defendieron el interés nacional, si defienden
sus propios intereses empresarios? El presidente electo dice
que algunos diarios no responden al interés nacional,
¿de qué interés nacional estamos hablando?
Señalo esto porque realmente me resulta muy dolorosa
nuestra propia indignidad. Entonces proponemos claramente
el rechazo a este artículo y que esta Cámara
derogue el artículo 48, con lo cual solucionaremos
el problema a todos los empresarios nacionales, no a dos o
tres de ellos.
Por eso no dimos quórum, no porque no queremos estar
aquí sino para que esto no se haga en nuestro nombre,
con nuestra complicidad. Esta es la verdad, lo sabemos todos,
cada uno de los que estamos sentados en estas bancas.
Les pido que reflexionen. Si igualmente pueden estar beneficiadas
estas empresas y beneficiar al resto de las empresas nacionales.
¿Cómo vamos a poder explicar esto a través
de la historia? Es vergonzoso y yo denuncio en esta Cámara
el lobby escandaloso, de carniceros, que se ha hecho durante
muchos meses a cada uno de los diputados y bloques de esta
Cámara. Lo denuncié con la ley de salud reproductiva,
cuando sectores de la Iglesia hacían el mismo lobby.
Sería injusta si ahora no denuncio en esta Cámara
de Diputados el lobby escandaloso y vergonzoso, con empleados
de empresas circulando por cada uno de los despachos y llamando
a cada uno de los lugares para presionar.
Defendamos a todas las empresas. Porque es cierto que las
empresas periodísticas nacionales deben ser defendidas,
pero no pueden ser defendidas sólo ellas a costa del
resto de las empresas nacionales."
A principios de abril, un diputado duhaldista comentó
que "Clarín le bajó el pulgar a Remes".
Los embates del diario contra el equipo económico eran
difíciles de esquivar. Lo más duro, recuerdan
los ocupantes del Palacio de Hacienda, fue el mencionado suplemento
económico, pero las hostilidades fueron multimediáticas.
Una alta fuente del Grupo Clarín consultada, se negó
a hacer consideraciones sobre esta historia y simplemente
se remitió a una serie de comunicados emitidos durante
los primeros días del gobierno peronista, en los que
el diario fijaba su posición ante las medidas de Duhalde.
Allí, Clarín asegura que ni la devaluación
los benefició (porque la mayor parte de su deuda es
externa y tanto el diario como la publicidad la cobran en
pesos), ni la pesificación asimétrica, ya que
su deuda en el sistema financiero local es el 10% del total.
Ambas cosas son absolutamente ciertas. De lo que ningún
comunicado habla, sin embargo, es de la ley de quiebras y
de su sustituta de "bienes culturales", que fue
el principal beneficio que Clarín obtuvo en medio de
la crisis más profunda que vivió la Argentina
en sus últimos años.
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| Los medios y los lobbys |
"Es necesario, simplemente, crear un
quinto poder que nos permita oponer una fuerza cívica
ciudadana a la nueva coalición dominante. Un quinto poder
cuya función sería denunciar el superpoder de
los medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos,
cómplices y difusores de la globalización liberal.
Esos medios de comunicación que, en determinadas circunstancias,
no sólo dejan de defender a los ciudadanos, sino que
a veces actúan en contra del pueblo en su conjunto".
Estas palabras pertenecen al director de Le Monde Diplomatique,
Ignacio Ramonet, y constituyen un epílogo adecuado para
los hechos relatados.
Desde hace unos años a esta parte, el holding de medios
de comunicación Grupo Clarín, ha sido un protagonista
fundamental de las grandes decisiones tomadas por los distintos
gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1983.
Aunque el aumento de su poder de fuego se dio a principios de
los 90, cuando, mediante la compra de medios radiales y televisivos,
se convirtió en un gigante de la comunicación.
Blanquear la acción de los grandes medios en las decisiones
políticas o económicas que llevan adelante los
distintos gobiernos, es un punto que la dirigencia política
nunca pudo poner como ítem del debate político
en tren de intentar hacer de Argentina un país lo más
serio posible. En este sentido, y como se narró, se destacó
la actitud de la diputada del ARI, Elisa Carrió, quien
alzó su voz y le puso nombre y apellido al tratamiento
de una ley que beneficiaba abiertamente al Grupo Clarín.
Esta historia no conocida públicamente hasta este momento,
además demuestra las relaciones entre la política
y los medios de comunicación de la Argentina, y el poder
que estos tienen para pugnar por una realidad y a la vez ocultarla.
La información sobre el accionar de los grupos de medios
es muy restringida en la Argentina y las negociaciones de éstos
con los gobiernos se practican en un extremo secreto. Lo cual
no sería diferente a lo que ocurre con cualquier otro
grupo de interés, aunque por su deber de informar a la
sociedad, se supone que también deberían incluir
entre las noticias que difunden, sus intenciones. Más
aún cuando ellas son parte central de la agenda de discusión
política.
Lo más curioso del fenómeno es que tanto en los
ambientes políticos, como en los empresariales y periodísticos,
se conocen con certeza el peso de los grupos mediáticos
y las decisiones que intentan arrancarles a los presidentes
de turno. Pero un pacto no escrito, impide la publicación
masiva de esa información.
Sólo el diario menemista Ámbito Financiero, suele
alertar cuando hay alguna avanzada del Grupo Clarín sobre
decisiones trascendentes para la política y la economía
del país. Pero su repercusión suele ser escasa,
porque allí se filtra la clásica falacia de desprestigiar
al acusador para ignorar la acusación. Es decir, se vinculan
las denuncias de Ámbito con un despecho de su director
Julio Ramos, que en el reparto que Menem hizo de los medios
estatales en los inicios de su gestión, no pudo alzarse
con ninguno, a la inversa del Grupo Clarín. Entonces,
ese dato cierto impide que la información que el diario
difunde se analice en profundidad.
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| Y al final, llegó el final |
"Negro, me voy". Remes le anunciaba
la renuncia al presidente encargado de la transición.
"Ahora es el momento de sacarse de encima a estos tipos
que laburan para los bancos", le susurraban al oído
del presidente sus íntimos. "Tenés que llegar
hasta el 2003" le pedía Reutemann. "Antes de
sentarnos a hablar traigan un plan sustentable" le exigían
los del FMI. Todos esos mensajes cruzaban por la cabeza de Duhalde
sin el tiempo necesario para poder ser interpretados políticamente.
Finalizaba el mes de abril. Atrás quedaban los días
más difíciles por los que pasó la crisis
argentina, en donde la palabra "futuro" tomaba un
carácter dubitativo. Atrás quedaba también
la implosión de la convertibilidad, la devaluación
del peso y la pesificación asimétrica de la economía,
con sus consecuencias. Atrás quedaba un brutal salto
en el empobrecimiento de la sociedad y una millonaria transferencia
de ingresos entre sectores económicos del país.
Atrás quedaba el trabajo sucio, previo a un saneamiento
de las más básicas variables económicas
que se dio luego. Atrás quedaba una frase de Duhalde
que seguramente entrará en el anecdotario político
argentino, cuando en medio de un feriado bancario y, cual estadista
a cargo de la situación dijo: "Mañana abrimos
los bancos y que sea lo que Dios quiera".
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| DsD 4 - 12 - 2003 |
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