La decisión unánime de un panel de tres jueces estadounidenses, miembros de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, por la que ratificaron el 15 de febrero un fallo de primera instancia que negó a dos periodistas el derecho a mantener fuentes confidenciales, llevó a los grandes medios norteamericanos y a las asociaciones profesionales a “formar las carretas en círculo”. Pero a diferencia de la típica escena de los viejos westerns, no se parapetan contra indios levantiscos sino para enfrentar a una administración liderada por un ex gobernador de Texas a quien muchos acusan de actuar como un cowboy prepotente en política internacional y de estar dispuesto a “amordazar” a la prensa en el frente interno: el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.

La Corte de Apelaciones insistió en que Judith Miller de The New York Times y Matthew Cooper de la revista Time deben revelar sus fuentes de información en un caso en el que la identidad de una agente de la CIA fue revelada o enfrentar la condena de hasta 18 meses de prisión dictada por el juez de distrito Thomas Hogan.

Los colegas de Miller y Cooper hablan de una campaña de la administración Bush para silenciar a la prensa y sus fuentes, ya que a causa de la defensa del secreto profesional un reportero de televisión ya está cumpliendo seis meses de arresto domiciliario y una docena de periodistas enfrentan similares demandas ante diversas cortes (ver Zona Dura del 8 de febrero: “Jim Taricani, el periodista norteamericano que está preso por no revelar sus fuentes”).

La amenaza a la libertad de prensa es real, dicen los profesionales estadounidenses. Ya antes de estas condenas la revista Media & The Law señaló en su último número del año pasado que la cadena de citaciones judiciales a periodistas y sus potenciales consecuencias “incluso eclipsa los negros y turbulentos días del Departamento de Justicia de Richard Nixon”.

Miller señaló el 15 de febrero a uno de sus colegas de The New York Times, tras notificarse del rechazo de su apelación, que “un caso como el mío es una advertencia a la gente para que no hable porque el gobierno va a ir tras ellos. Esto es lo que nosotros estamos combatiendo. Este es el tema en el que se debe concentrar la prensa: las amenazas a la Primera Enmienda” de la Constitución, que en Estados Unidos garantiza la libertad de expresión.

Los dos periodistas y ambos medios apelarán este fallo y se estima que mientras se tramitan esos recursos la libertad de Miller y Cooper no está en riesgo. “Vamos a recurrir al pleno del tribunal de apelaciones y después a la Corte Suprema si es necesario, o sea si no ganamos antes”, dijo Miller en una entrevista que concedió a Clarín. En la nota publicada el 17 de febrero, la reportera le confesó a Ivonne L’Estrange que “obviamente estoy desilusionada y desanimada” y que “tenía esperanzas de que esto no pasara”.

Catherine J. Mathis, vocera de The New York Times Company confirmó que el caso será planteado ante el plenario de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia (que difícilmente revocará el fallo de su panel de tres miembros) y finalmente la Corte Suprema. “Esto puede llevar semanas o meses”, agregó.

Las alternativas que llevaron a la condena de Miller y Cooper por desacato a la corte en el fallo de primera instancia generaron preocupación a causa de las maniobras políticas y la intervención de la administración Bush, con el trasfondo de la guerra en Irak.

El 6 de julio de 2003 un ex funcionario de carrera del Departamento de Estado, Joseph C. Wilson IV, quien fue encargado de negocios de los Estados Unidos en Bagdad y también embajador, publicó una columna de opinión en The New York Times donde refutaba la línea argumental de la administración Bush sobre la capacidad nuclear iraquí, especialmente en relación con supuestas compras de uranio a Níger.

Ocho días después, el periodista ultra-conservador Robert Novak, cuya columna se publica en unos 300 diarios estadounidenses, identificó a la esposa del ex diplomático Wilson, Valerie Plame, como agente encubierta de la CIA especializada en armas de destrucción masiva y citó a “dos altos funcionarios de la administración” Bush como sus fuentes. Tras la difusión de esta columna, que terminó con la carrera de Plame, varios periodistas abordaron el tema y mencionaron haber recibido informes similares de fuentes gubernamentales confidenciales. Muchos concluyeron, escribió el pasado 10 de octubre el propietario del Times Arthur Ochs Sulzberger Jr. , que se trataba de “un intento de castigar a Wilson por opinar en contra del gobierno exponiendo a su esposa como agente de la CIA”.

La ley estadounidense, tal como ocurre en prácticamente todos los países, tipifica como delito revelar la identidad de un agente secreto en determinadas circunstancias. Un fiscal especial citó a cinco periodistas para que revelaran sus fuentes de información acerca de las actividades de Plame: Walter Pincus, Glenn Kessler (ambos de The Washington Post), Tim Russert (NBC), Matthew Cooper (Time) y Judith Miller (The New York Times). Eventualmente los tres primeros prestaron declaración luego de que sus fuentes los relevaran de la promesa de confidencialidad, pero los casos de Cooper y Miller resultaron más complicados.

El juez de distrito Thomas Hogan rechazó de plano la noción de que un periodista puede invocar un privilegio para mantener una fuente en reserva y los encontró culpables de desacato a la corte.

El caso de Miller establece un criterio para muchos alarmante. El propietario del Times, Sulzberger, mencionó en su columna que en la citación original se le requería “proveer información acerca de conversaciones que ella podría haber tenido con un funcionario del gobierno en las que la identidad y conexión con la CIA de la esposa de Wilson podrían haber sido mencionadas”. De hecho, Miller jamás escribió y el Times jamás publicó una palabra sobre el tema, pero de acuerdo con el juez Hogan ella había contemplado escribir tal artículo y había realizado entrevistas con ese fin.
En su fallo, uno de los jueces de la Cámara de Apelaciones, David S. Tatel, abordó esta cuestión. El delito, apuntó, fue que un funcionario del gobierno reveló la identidad de una agente de la CIA, por lo que el hecho de que Miller publicara o no un artículo resulta irrelevante y su obligación es revelar sus fuentes. No convenció a Sulzberger, quien en un comunicado enfatizó que “si Judy es enviada a prisión por no revelar sus fuentes confidenciales para un artículo que jamás fue publicado se creará un riesgoso precedente que podría erosionar la libertad de prensa”.

Novak, responsable de hacer pública la identidad y actividad en la CIA de Plame, mencionando como sus fuentes a dos funcionarios, al parecer ni siquiera fue citado a declarar, aunque su papel en esta historia permanece poco claro. Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones, el 15 de febrero, el abogado de Novak, James Hamilton, se negó a realizar comentarios.

El fallo de la Cámara de Apelaciones también plantea puntos para la controversia. Uno de los jueces, David B. Sentelle, marcó el tono general al destacar que “la Corte Suprema decidió incuestionablemente que no existe un privilegio, derivado de la Primera Enmienda, que proteja a los periodistas que comparecen ante un gran jurado para no revelar sus fuentes (...) sin importar cualquier promesa de confidencialidad del reportero a su fuente”. Agregó que, “la más alta corte ha hablado (...) y, sin ninguna duda, este es la última palabra en la cuestión”.

En otro pasaje de su opinión, el juez enfatizó que “la Corte declaró que no consideraría seriamente la noción de que la Primera Enmienda protege a la promesa de un miembro de la prensa de ocultar la conducta criminal de su fuente (...) según la teoría de que es mejor escribir sobre un crimen que hacer algo acerca de él”.

No todos comparten sus certezas. Sentelle se refiere al único caso en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos abordó el tema de las fuentes confidenciales de los periodistas, en el caso Branzburg vs. Hayes de 1972. Aunque el fallo negó ese privilegio a los periodistas, la decisión se alcanzó por el mínimo margen de 5-4, recuerda en un comunicado el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, Reporters Committee for Freedom of the Press).

Un juez, William O. Douglas, advirtió que si la opinión mayoritaria que él rechazaba se convertía en el precedente a aplicar en el futuro, “entonces la principal función de los periodistas en la sociedad americana será transmitir al público las gacetillas de prensa elaboradas por los distintos departamentos del gobierno”. Y el juez Lewis F. Powell, quien aportó el crítico quinto voto para el fallo de la mayoría, dejó sin embargo a salvo su opinión de que los pedidos de mantener las fuentes en secreto debían ser considerados caso por caso y que en algunos de ellos correspondía conceder el privilegio.

El RCFP indica en su comunicado del 15 de febrero que a partir de 1972 la mayoría de los tribunales federales siguieron el criterio de reconocer el derecho a la confidencialidad, basándose en los lineamientos de Powell. El punto central es que debe demostrarse que el testimonio del periodista es vital para la resolución del caso y que no existe otro medio de obtener esa misma información.

El fallo de la Cámara de Apelaciones encara este punto y considera que el fiscal Patrick J. Fitzgerald sobrellevó la carga de la prueba de demostrar que se cumplían tales requisitos. Los jueces se basaron en evidencia secreta presentada por Fitzgerald a la que se negó acceso tanto a Miller y Cooper como a sus abogados. Asimismo, ocho páginas de la opinión del juez Tatel aparecen en blanco en la copia que se hizo pública, aunque prolijamente se aclara que se encuentran escritas y que su contenido fue suprimido.

“Esto da miedo”, dijo Miller a su propio diario: “corro el riesgo de ir a la cárcel por un artículo que no escribí y en base a razones que una corte no va a explicar”.

The Washington Post recordó que 25 periodistas fueron encarcelados en los Estados Unidos desde 1961 por no revelar sus fuentes. En su editorial del 16 de febrero, el diario señaló que el rechazo de la apelación de Miller y Cooper “eleva la apuesta en lo que se ha convertido en una peligrosa confrontación entre la necesidad de los fiscales y la posibilidad de los periodistas de hacer su trabajo sin estar bajo la amenaza de ir a prisión”.

Ahora sí parece existir consenso entre los grandes medios sobre la necesidad de una ley federal, dictada por el Congreso, que resguarde la confidencialidad de las fuentes. Ya existen, pero sólo a nivel estatal. A partir de comienzos de la década de 1970, cuando los periodistas debieron enfrentar una catarata de citaciones judiciales, 31 estados pusieron en vigencia “leyes paraguas” que reconocían el derecho de los reporteros de mantener el secreto profesional (algo que se reconoce a psiquiatras, sacerdotes y abogados, por ejemplo). Otros 18 estados aprobaron leyes que aceptaban en mayor o menor medida ese privilegio.

No ocurrió lo mismo en el Congreso. La revista Media & The Law recuerda que en septiembre de 1972, por ejemplo, había pendientes de tratamiento seis proyectos en la Cámara de Representantes. Entre 1973 y 1978, 99 proyectos fueron presentados tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, aunque jamás hubo acuerdo para aprobar alguno de ellos. Parte de la culpa era de los medios.

“Cuando Vanessa Leggett fue encarcelada por 168 días en 2001 en Houston, a causa de su negativa a testificar frente a un gran jurado”, recuerda la revista, “hubo algo de charlas extraoficiales en las redacciones y en Washington sobre la necesidad de una ley paraguas federal, pero los pesos pesados de los grandes medios eran ambivalentes sobre la necesidad de reconocer un privilegio para los periodistas a nivel federal”.

Ahora, cuando en los últimos meses dos senadores y dos representantes (tanto demócratas como republicanos) presentaron nuevos proyectos para acordar a los periodistas el derecho al secreto profesional es tiempo de “estar mejor organizados, con mejor financiamiento, e incluir no sólo a la prensa escrita y audiovisual sino también a los nuevos medios”, propuso la revista.

Este será uno de los puntos del debate. ¿Quién debe ser considerado un periodista con derecho a mantener sus fuentes en reserva? ¿Podrá invocar ese privilegio una persona que mantiene desde el living de su casa una página web de noticias y comentarios, así como los ya miles de Web Logs que se reproducen a diario como hongos? ¿Son los “bloggers” periodistas, o sólo los periodistas con trayectoria en medios tradicionales podrán invocar el privilegio si tras convertirse en “bloggers” llaman la atención de los fiscales?