Un periodista estadounidense está cumpliendo una condena a seis meses de arresto domiciliario por no revelar ante un juez sus fuentes confidenciales de información y otros dos reporteros podrían también ser encarcelados si una corte de apelación no revé el fallo de primera instancia. La lista se completa, hasta el momento, con otros 13 periodistas a quienes no les reconocieron o reconocen su privilegio de mantener fuentes confidenciales, por lo que algunos podrían afrontar sanciones en el futuro. Se trata, según The New York Times, del conflicto más grave entre el gobierno y la prensa en una generación.

La actitud de los jueces reavivó el debate sobre el grado de protección con que cuenta el secreto profesional, que la mayoría de los periodistas consideran como uno de sus más sagrados privilegios. Privados de tal derecho, opinan, su capacidad de informar a la sociedad se vería peligrosamente restringida y la cláusula del free speech y freedom of the press, consagrada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, prácticamente borrada por el codo de los jueces que ignoran lo escrito por íconos de las libertades democráticas como Jefferson, Madison y Hamilton.

Asimismo, muchos periodistas estadounidenses y las organizaciones profesionales que los nuclean tienen la certeza de que los jueces responsables de tales condenas son funcionales a una estrategia de la administración republicana de George W. Bush que apunta a “amordazar” a la prensa y a los funcionarios que podrían pasar información a los medios. Los magistrados que así actuaron, afirman, son de tendencia marcadamente conservadora y fueron convertidos en jueces por iniciativa del ex presidente Ronald Reagan durante su doble mandato (1980-1988).

El periodista que ya está cumpliendo un arresto domiciliario de seis meses es Jim Taricani, del canal de televisión WJAR de Providence, Rhode Island, afiliado a la cadena NBC. Taricani obtuvo, y el canal emitió en febrero de 2001, un video en el que se veía a un funcionario de la alcaldía de Providence, Frank Corrente, recibir una “coima” de manos de un agente encubierto del FBI. El FBI había realizado una investigación sobre corrupción en el gobierno local, que también involucraba al alcalde Vincent Buddy Cianci Jr. (tanto Corrente como Cianci fueron finalmente condenados).

El juez Ernest C. Torres había determinado que el video era una pieza de evidencia en el juicio contra los funcionarios que no debía ser hecha pública. Cuando apareció en TV, un fiscal especial citó a Taricani y le pidió que revelara su fuente de información. Tras la negativa del periodista el juez Torres le impuso una multa de mil dólares diarios hasta tanto revelara cómo obtuvo la filmación. Casi tres meses y 85.000 dólares más tarde (pagados por la NBC) el juez decidió que la sanción económica no había logrado su objetivo e intimó a Taricani: tenía dos semanas de plazo para declarar o ser condenado por desacato a la corte (contempt of court), lo que finalmente sucedió el 18 de noviembre de 2004.

La condena era a seis meses en una prisión federal, pero el juez aceptó cambiarla por el arresto domiciliario debido a que Taricani tiene su corazón transplantado y se encuentra bajo estricta medicación para su sistema inmunológico. El periodista sólo podrá salir de su casa para visitar a un médico y tiene prohibido trabajar, conceder entrevistas y conectarse a Internet. Sólo podrá recibir visitas de 14 a 16 y de 18 a 20. Al menos Taricani no tiene prohibido dedicarse a sus hobbies: tocar la guitarra, la batería y cocinar. El periodista no apeló la condena, indicó un vocero de la cadena, porque “Jim quiere dejar todo esto atrás, continuar con su vida y volver a trabajar”.

Al dictar la sentencia, el juez Torres calificó como “un mito” el argumento de que muchas fuentes de información potenciales se negarían a hablar si no obtenían una garantía confiable de confidencialidad.

El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, Reporters Committee for Freedom of the Press), compiló una lista de casos judiciales en los que los jueces exigen a periodistas que revelen sus fuentes de información. El RCFP, que nuclea a periodistas de los medios más importantes de los Estados Unidos (entre ellos varias “celebridades” como el legendario Ben Bradlee de The Washington Post, quien fue uno de sus fundadores) fue creado en 1970, “en un momento en que los medios periodísticos de la nación se enfrentaban a una ola de citaciones del gobierno exigiendo a los reporteros identificar a sus fuentes,” informa el comité en su página web.

La nómina de casos compilados por el RCFP incluye:

• La investigación del affaire Valerie Plame

El 6 de julio de 2003 un ex funcionario de carrera del Departamento de Estado, Joseph C. Wilson IV, quien fue encargado de negocios de los Estados Unidos en Bagdad y también embajador, publicó una columna de opinión en The New York Times donde refutaba la línea argumental de la administración Bush sobre la capacidad nuclear iraquí, especialmente en relación con supuestas compras de uranio a Níger.

Ocho días después, el periodista ultra-conservador Robert Novak, cuya columna se publica en unos 300 diarios estadounidenses, identificó a la esposa del ex diplomático Wilson, Valerie Plame, como miembro de la CIA especializada en armas de destrucción masiva y citó a “dos altos funcionarios de la administración” Bush como sus fuentes. Tras la difusión de esta columna, que terminó con la carrera de Plame, varios periodistas abordaron el tema y mencionaron haber recibido informes similares de fuentes gubernamentales confidenciales. Muchos concluyeron, escribió el pasado 10 de octubre el propietario del Times Arthur Ochs Sulzberger Jr. , que se trataba de “un intento de castigar a Wilson por opinar en contra del gobierno exponiendo a su esposa como agente de la CIA”.

La ley estadounidense, tal como ocurre en prácticamente todos los países, tipifica como delito revelar la identidad de un agente secreto en determinadas circunstancias. Un fiscal especial citó a cinco periodistas para que revelaran sus fuentes de información acerca de las actividades de Plame: Walter Pincus, Glenn Kessler (ambos de The Washington Post), Tim Russert (NBC), Matthew Cooper (Time) y Judith Miller (The New York Times). Eventualmente los tres primeros prestaron declaración luego de que sus fuentes los relevaran de la promesa de confidencialidad, pero los casos de Cooper y Miller resultaron más complicados.

El juez de distrito Thomas Hogan rechazó de plano la noción de que un periodista puede invocar un privilegio para mantener una fuente en reserva y los encontró culpables de desacato a la corte. Su destino (en cuanto a si van o no a prisión) ahora depende de la decisión de una cámara de apelaciones de tres miembros, quienes escucharon los argumentos de la fiscalía y la defensa el 8 de diciembre de 2004 y a fines de enero de este año aún no se habían pronunciado sobre el recurso presentado por los periodistas. Ambos declararon estar listos para ir a la cárcel antes que revelar la identidad de sus fuentes. “Estamos preparados para hacer lo que sea necesario para protegerlas”, dijo Cooper.

El caso de Miller establece un criterio para muchos alarmante. El propietario del Times, Sulzberger, mencionó en su columna que en la citación original se le requería “proveer información acerca de conversaciones que ella podría haber tenido con un funcionario del gobierno en las que la identidad y conexión con la CIA de la esposa de Wilson podrían haber sido mencionadas”. De hecho, Miller jamás escribió y el Times jamás publicó una palabra sobre el tema, pero de acuerdo con el juez Hogan ella había contemplado escribir tal artículo y había realizado entrevistas con ese fin. Es por esto que, ante la negativa de revelar sus fuentes, Miller podría pasar hasta un año y medio en prisión.

Novak, responsable de hacer pública la identidad y actividad en la CIA de Plame, mencionando como sus fuentes a dos funcionarios, al parecer ni siquiera fue citado a declarar, aunque su papel en esta historia permanece poco claro.

La condena a prisión que pende sobre Miller, como consecuencia de un artículo crítico de la política de Bush hacia Irak y sus argumentos para ir a la guerra plantea una ironía. La periodista había sido cuestionada por “promover la agenda presidencial” respecto de Saddam Hussein a través de sus notas en el Times, en las que difundía y daba crédito a la información oficial sobre la existencia de armas de destrucción masiva que luego jamás fueron encontradas.

Al parecer, su única fuente fue Ahmed Chalabi, un exiliado iraquí, “cabeza” del Congreso Nacional Iraquí y con fuertes vínculos con el Pentágono, cuya información fue puesta en duda incluso por la CIA. Mucho se escribió sobre sus artículos en medios como The Washington Post y las revistas New York, The New York Review of Books y The Nation. Incluso el Times tuvo eventualmente que volver sobre sus pasos cuando se hizo evidente que las armas de destrucción masiva parecían haberse esfumado.

La estrecha relación de Miller con el Pentágono no es reciente. En 1986 escribió numerosos artículos sobre Libia, que luego se revelaron como parte de una campaña de “desinformación” acerca de ese país coordinada por el almirante John Poindexter (pieza clave en el escándalo Irán-Contras). Bob Woodward escribió una extensa nota de investigación sobre el tema en The Washington Post e incluyó el tema en su libro Veil: The Secret Wars of the CIA.

• Lee versus el gobierno de los Estados Unidos

En el año 2000 el doctor Wen Ho Lee, un físico nuclear del Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México (donde se desarrolló la primera bomba atómica), demandó a los departamentos de Energía y Justicia por revelar información privada sobre su persona sin su consentimiento. Lee se convirtió en noticia al quedar involucrado en una causa penal, luego desechada, por espionaje.

El científico, para probar sus acusaciones contra el gobierno, pidió que se exigiera a los periodistas que escribieron sobre el caso de espionaje y mencionaron su nombre que identificaran a las fuentes gubernamentales que les dieron la información. El juez de distrito Thomas Penfield Jackson citó a James Risen, Jeff Gerth (ambos de The New York Times), Bob Drogin (Los Angeles Times), Pierre Thomas (en aquél momento de CNN y actualmente con ABC News), Josef Hebert (AP) y Walter Pincus (The Washington Post).

Jackson los encontró culpables de desacato a la corte por no revelar sus fuentes y los sancionó con una multa de 500 dólares diarios, pendiente del resultado de la apelación, que podría conocerse en los primeros meses de este año.

• Hatfill versus Ashcroft

Steven J. Hatfill demandó al ex ministro de Justicia John Ashcroft y otros funcionarios de la administración Bush sobre bases similares a las del doctor Lee. En el año 2001, durante la investigación de los casos de ántrax que siguieron al atentado contra las Twin Towers en Nueva York, Hatfill fue mencionado en relación con esos episodios, que provocaron cinco muertes por ántrax y 17 contagios.

Hatfill querelló a Ashcroft porque aunque nunca fue formalmente acusado de crimen alguno la mención de su nombre provocó, dice la demanda, que perdiera su trabajo como contratista del gobierno y que le resultara imposible encontrar otro empleo.

El Departamento de Justicia alegó que responder los pedidos de información de Hatfill pondría en peligro la investigación sobre los orígenes de los casos de ántrax, por lo que el juez Reggie B. Walton propuso en enero de 2004 citar a los medios que difundieron la posible vinculación de Hatfill con los casos de ántrax para que revelaran sus fuentes. En principio los abogados del demandante rechazaron la idea, pero hacia fines del 2004 las citaciones comenzaron a ser enviadas.

El RCFP y la revista especializada en medios Editor & Publisher estimaron a principios de enero que por lo menos 15 medios serán llamados por el juez. Las citaciones ya habrían llegado a National Public Radio, AP, The Washington Post, ABC News y 60 Minutes, de la cadena CBS.

• Judith Miller otra vez

El fiscal especial Patrick Fitzgerald, el mismo que quiere enviar a prisión a Judith Miller en el caso de Valerie Plame, pidió a la compañía telefónica de The New York Times que le entregue el listado de todas las llamadas realizadas por Miller y su colega Philip Shenon, del mismo diario. El origen de la demanda es la investigación de un gran jurado sobre la “filtración” que puso sobre aviso a la Global Relief Foundation sobre un inminente allanamiento de sus oficinas por agentes del FBI en diciembre de 2001.
La fundación, una organización islámica de beneficencia, estaba bajo sospecha de financiar el terrorismo. Sus autoridades dijeron que el día anterior a la incursión de los agentes recibieron llamados de periodistas pidiéndoles su opinión sobre el tema. El Times planteó una acción judicial para bloquear el pedido del fiscal y Sulzberger remarcó que “si el gobierno tiene éxito en obtener el listado de los llamados telefónicos de Miller y Shenon, muchas de sus fuentes, incluso aquellas que nada tienen que ver con esta investigación, quedarán expuestas”.

• El juicio contra Lynne Stuart

Lynne Stuart actuó como abogada del Sheik Omar Abdel Rahman, el clérigo fundamentalista islámico ciego a quien se consideró, entre otras cosas, responsable intelectual del primer atentado con coche bomba a las Twin Towers. Fue acusada de colaborar con el terrorismo por difundir en el año 2000 una declaración de su cliente a pesar de una orden de la corte que le prohibió hacerlo.
Cuatro periodistas fueron citados para declarar en su juicio: Esmat Salaheddin (Reuters), Patricia Hurtado (Newsday), Joseph Freíd (The New York Times) y George Packer, un freelance que estaba trabajando con el Times. Salaheddin declaró el 13 de septiembre de 2004 y los fiscales desistieron de tomar testimonio a Hurtado luego de que la periodista argumentara que esa acción interferiría con su cobertura del juicio como reportera.

Uno de los casos que más preocupa a los periodistas estadounidenses es el de Miller y Cooper, ya que revelaría más claramente una intencionalidad política, pero la sucesión de episodios similares es vista como una tendencia a la que no es ajena la administración de George W. Bush.

Nicholas D. Kristof, un columnista de The New York Times, destacó el 10 de noviembre que si se considera el conjunto de casos “estamos ante un asalto tan amplio a la libertad de prensa que nos produciría un shock en caso de ocurrir en Kazajstán”. Aunque la responsabilidad primaria, agregó, es de los jueces más que de la administración Bush, “probablemente no es por coincidencia que presenciamos esta ofensiva contra la libertad de prensa durante un gobierno que tiene un brezhneviano placer por el secreto”.

Peter Y. Sussman, miembro del comité de ética de la Society of Professional Journalists (SPJ), una de más respetadas entidades profesionales de los Estados Unidos, fundada en 1909, señaló a Diario sobre Diarios que “en base a mi experiencia esta es la administración americana más autoritaria y adicta al secreto que he conocido y las citaciones de periodistas parecen ser una de sus herramientas para mantener la disciplina de los burócratas y funcionarios designados (no electivos) de menor nivel. El secreto y el autoritarismo van de la mano y la administración considera a gran parte de la prensa como su enemigo. Esto es parte de su concepción ideológica”.

La posición de los periodistas no se ve favorecida por la ausencia de una explícita protección legal respecto del secreto profesional, explicó Sussman. “Para nosotros, la libertad garantizada en la Primera Enmienda implica la libertad de recoger información sobre acciones del gobierno, especialmente de fuentes gubernamentales confidenciales, sin tener que responder a citaciones judiciales por ello. Pero esta interpretación no figura explícitamente en ninguna ley federal y mucho menos en la Constitución, por lo que estamos a la merced del creciente conservadurismo de nuestros jueces y la forma en la que ellos entienden el significado del concepto de la libertad de prensa,” agregó el directivo de la SPJ.

Esos jueces conservadores, advirtió Sussman, se encuentran por otra parte bajo una creciente presión gubernamental. En este contexto, prácticamente todos los medios más prestigiosos de los Estados Unidos comenzaron a reclamar la sanción de una ley que garantice la confidencialidad de las fuentes.

Sulzberger, el propietario del Times, planteó ese reclamo en su columna de opinión. “Para dotar de significado a las garantías de la Primera Enmienda y, de tal forma, fortalecer nuestra democracia, ya es tiempo de que el Congreso siga el camino de los estados y apruebe una ley paraguas federal para protección de los periodistas. Sin ella, reporteros como Judy Miller pueden ser encarcelados. Más importante aún, el público estará en tinieblas acerca de las acciones de los funcionarios del gobierno. No es esto lo que los Padres Fundadores de nuestra nación tenían en mente”.

The Miami Herald dijo en un editorial del 26 de octubre que “en el clima actual una ley paraguas es más necesaria que nunca” y calificó a la actuación del fiscal especial Fitzgerald como “un abuso del poder gubernamental”. El Congreso debe actuar para proteger a los periodistas de citaciones judiciales porque “seguramente los fundadores de esta nación no buscaban que la Primera Enmienda permaneciera como un ideal abstracto, no protegido por legislación que permitiera a los periodistas cumplir su función”, agregó el Herald.

El problema no es nuevo. Uno de los antecedentes recientes más notorios es el de Earl Caldwell de The New York Times, quien escribió a principios de los años 70 un artículo sobre los Panteras Negras y fue citado por un juez para que entregara todo el material que había usado para preparar la nota y revelara sus contactos con la organización. Aunque Caldwell no fue a prisión a causa de su negativa, su caso llevó a la creación del RCFP y llegó a la Corte Suprema, que lo trató junto con los de Paul Pappas (un periodista de televisión de New Bedford, Massachusetts, quien también había cubierto a los Panteras Negras) y Paul Branzburg del Lousville Courier-Journal, quien había entrevistado a algunos traficantes de marihuana.

Esa fue la única ocasión en que la Corte abordó el tema de las fuentes confidenciales de los periodistas, recordó Mark Bowden en un artículo publicado en la edición Julio-Agosto 2004 del Columbia Journalism Review.

El resultado no fue alentador para la prensa. En Branzburg vs. Hayes la Corte falló en 1972 que los periodistas no gozan del privilegio de negarse a declarar ante un gran jurado.

Los jueces, sin embargo, se mostraron muy divididos sobre el tema, con algunos que reconocían que ese privilegio podía concederse no en forma automática sino sobre la base de una consideración caso por caso y otros que rechazaban totalmente la idea de forzar a los periodistas a comparecer ante un jurado. El “campeón” de los liberales, William O. Douglas, escribió en su opinión en disidencia que “la prensa tiene una posición preferencial en nuestro esquema constitucional, no para permitirle hacer dinero, no para establecer a los periodistas como una clase favorecida, sino para hacer realidad el derecho del público a saber”.

Douglas advirtió que si la opinión mayoritaria que él rechazaba se convertía en el precedente a aplicar en el futuro, “entonces la principal función de los periodistas en la sociedad americana será transmitir al público las gacetillas de prensa elaboradas por los distintos departamentos del gobierno”.

Bowden recordó en su nota que “el efecto inmediato del fallo fue el inicio de la temporada de caza” de periodistas: en los siguientes ocho meses, 35 fueron encarcelados por no revelar sus fuentes. Eso llevó a que muchas legislaturas estatales aprobaran o fortalecieran leyes ya existentes con garantías para la prensa. En 1972 sólo 17 estados contaban con ellas, mientras que en la actualidad 31 estados más el Distrito de Columbia (la ciudad de Washington) cuentan con leyes “paraguas”, aunque no son de aplicación en casos federales.

En un editorial publicado el 15 de noviembre, The Washington Post recordó la opinión dividida de los jueces de la Corte en Branzburg para reclamar una efectiva protección del secreto profesional. “Los tribunales no obligan a los psicólogos a testificar sobre conversaciones mantenidas con sus pacientes y también respetan el silencio como consecuencia de la relación abogado-cliente o el secreto de confesión. Los tribunales han decidido que en estas áreas la protección del secreto profesional justifica la pérdida de alguna evidencia. El papel que juegan los periodistas para permitir el debate democrático también habilita esa protección”, aseguró el diario.

A fines de noviembre, el senador demócrata por Connecticut Christopher Dodd presentó un proyecto de ley, que debería ser debatido este año, que prohíbe a los tribunales federales forzar a los periodistas a revelar sus fuentes. “Cuando el derecho del público a saber es amenazado y cuando las libertades de expresión y de prensa están en riesgo, todas las otras libertades que más apreciamos se encuentran en peligro”, declaró Dodd al presentar su iniciativa.

En los primeros días de febrero, los representantes Mike Pence (Republicano por Indiana) y Rick Bouchey (Demócrata por Virginia) también presentaron un proyecto de ley para evitar que los periodistas se encuentren frente a la opción de violar su ética profesional o violar su seguridad personal, como consecuencia de “aterrizar” en una prisión federal donde abundan personajes que ninguna persona querría encontrar en un callejón a medianoche.

El proyecto de ley, Free Flow of Information Act (Ley de Libre Circulación de la Información), plantea que un periodista sólo puede ser citado en el caso de no existir otra fuente relevante para la causa y sólo si los datos que podría aportar el reportero fueran “cruciales” para resolver el tema. Esto contempla no sólo el “privilegio” de la prensa sino que se ajusta a la ética profesional. Un ejemplo: si un periodista interpone su derecho al secreto de la fuente sabiendo que su silencio condena a prisión a un inocente no debería ser elogiado por sus colegas ni por el público en general.

Sin embargo, el senador Dodd considera que lograr la aprobación del Congreso no será una tarea sencilla: en tiempos de “guerra contra el terror” muchos legisladores están dispuestos a reforzar antes que limitar el poder de los tribunales, advirtió Dodd, y la pérdida de imagen de los medios en la opinión pública tampoco ayuda a obtener apoyos para proyectos de inmunidad para la prensa.

En medio del debate los periodistas tomaron nota del hecho de que Robert Novak, quien expuso a Plame como agente de la CIA, parecía fuera del alcance de las citaciones judiciales. Nadie sabe con certeza si el fiscal que quiere encarcelar a Miller y Cooper se puso en contacto con Novak, quien por su parte no expresó la menor solidaridad con sus colegas amenazados con penas de prisión a causa de la información que él hizo pública. Lo que sí dijo (comentarios que The New York Times recogió en un artículo publicado el 31 de diciembre pasado) no ayudó a elevar su popularidad.

“No sé por qué [Miller y Cooper] están molestos conmigo. Ellos deberían preocuparse por ellos mismos, yo me preocupo por mí”, señaló. Asimismo, Novak comentó que su decisión de exponer a Plame como agente encubierta no se trató de una filtración planificada, que la CIA no le advirtió que la mención podría poner en peligro a alguien y que la identidad de Plame no era un gran secreto.

El misterio sobre el papel jugado por Novak y su situación frente a la justicia que con tanto empeño fue tras otros periodistas ya generó pedidos de explicaciones. “El se ha convertido en parte de la historia y debería hacer público que es lo que está pasando. Todas las otras personas involucradas lo han hecho”, dijo la directora ejecutiva del RCFP, Lucy Dalglish. La nota del Times también cita a Geneva Overholser, ex ombudsman de The Washington Post y ahora profesora en la escuela de periodismo de la Universidad de Missouri: “Novak es periodista. Si cree en el deber de informar y decir la verdad ya es tiempo para que comience a hacerlo”, enfatizó.

El ultra-conservador Novak es un personaje polémico. Ya se ha visto envuelto desde la década del 70 en varios casos de “filtraciones” de información clasificada. Está muy vinculado a la derecha del Partido Republicano. El crítico de medios de The Washington Post, Howard Kurtz, menciona en su libro Media Circus. What´s wrong with America Newspapers, que Novak ofreció a principios de los 80 una conferencia sobre el plan de Reagan de rebajas de impuestos ante un auditorio de la Asociación de Gobernadores Republicanos, por la cual recibió como pago, según admitió luego, “una suma más que interesante”. Escribió profusamente sobre esa reunión y sus conclusiones, aunque olvidó mencionar que él había sido el orador.

En 1977 Novak se ocupó de la Argentina en su columna, que firmaba en esa época junto a Rowland Evans (quien murió en 1993). En el artículo se burlaba de Patricia Derian, la secretaria de Derechos Humanos del presidente Jimmy Carter, por sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la Argentina. “Además de su falta de diplomacia existen dudas sobre la veracidad” de las denuncias, escribió. El ex corresponsal especial en Buenos Aires de Newsweek y The Washington Post, Martín Edwin Anderssen, cita esa columna en su libro Dossier Secreto. Argentina’s Desaparecidos and the Myth of the “Dirty War”.

Novak negaba la existencia de cuando menos 5.000 desaparecidos. “Las oficinas del gobierno de los Estados Unidos, que cuentan con una experiencia mucho más vasta que la de Derian, aseguran que esas cantidades no pueden verificarse y que parecen exageradas”, escribió. Los militares, agregó, actuaron para evitar que “los comunistas tomaran el poder” y las muertes respondían al accionar de “grupos paramilitares de derecha que no están bajo el control del gobierno y no deben ser consideradas como ejecuciones por parte del gobierno”.