El pasado 6 de julio, cuando la periodista de The New York Times Judith Miller fue enviada a la cárcel, probablemente hasta fines de octubre, por no revelar sus fuentes de información, las librerías de los Estados Unidos estaban recibiendo The Secret Man, el libro en el que Bob Woodward relata los detalles de su relación con W. Mark Felt, quien tres décadas atrás, cuando sólo era conocido como “Garganta Profunda”, lo guió para derrumbar a un presidente mientras Woodward, su diario, The Washington Post, y el periodismo norteamericano en general alcanzaban su momento de mayor gloria y prestigio. El contraste entre el recuerdo agridulce de los años del Watergate y la condena de Miller iluminó con brutalidad la larga pendiente descendente por la que la prensa de ese país se ha estado deslizando desde entonces.

Las comparaciones resultan dolorosas para muchos periodistas. Recuerdan la épica batalla, previa a Watergate, que enfrentó a The New York Times con la administración de Richard Nixon por la publicación de los Papeles del Pentágono, que revelaban cómo los Estados Unidos se involucraron en la guerra de Vietnam, y lo contrastan no sólo con el fiasco de Jason Blair, quien publicó en el mismo Times decenas de notas inventadas, sino también con la cobertura de los alegatos del presidente George W. Bush acerca de armas de destrucción masiva en Irak, que incluso Judith Miller, como la mayoría de sus colegas, difundió con entusiasmo. Comprueban que en los años 70 los periodistas ganaban batallas judiciales contra los gobiernos con apoyo incondicional del público mientras hoy van a la cárcel en medio de una indiferencia generalizada. Muchos creen que la explicación es simple: los medios, que ejercían con convicción su función de watchdog (perro guardián) frente a los abusos del poder gubernamental o económico se han convertido en lapdogs (perritos falderos), controlados por corporaciones que son contratistas del gobierno.

Y aunque la mayoría respeta la decisión de Miller y reconoce que se necesita coraje para ir a la cárcel, no puede ocultar que muy probablemente ella y el Times eligieron dar batalla en un caso que no valía la pena. La fuente anónima que desenmascaró a Valerie Plame como agente encubierta de la CIA no era un whistle-blower (alguien que denuncia algo reprobable que ocurre en su entorno) que buscaba el bien público, sino un operador político del presidente que ejecutaba una vendetta contra el esposo de Plame, quien publicó una nota desmintiendo los dichos de Bush sobre el arsenal de Saddam (ver cronología del caso y su relación con la guerra en Irak).

El affaire incluso dividió profundamente a los periodistas, sobre todo cuando la revista Time decidió entregar al fiscal del caso todos los apuntes, notas personales y documentación de archivo de su reportero Matthew Cooper, quien en el último segundo decidió testificar ya que obtuvo, argumentó, una expresa autorización de su fuente relevándolo de la promesa de confidencialidad. El caso Miller tiene también un costado legal, que marca un retroceso para la prensa respecto de su margen de maniobra para usar fuentes anónimas.

Los periodistas argentinos no deberían pasar por alto los detalles, a veces sutiles, de la jurisprudencia sobre este privilegio de la prensa, ni las nuevas estrategias desarrolladas para lograr que un juez lo desconozca, confiados en la protección que brinda el artículo 43 de nuestra Constitución: “No podrá afectarse el secreto de información periodística”. Entre las razones menos académicas se puede citar que la misma Constitución imponía como límite el año 1996 para que el Congreso dictara una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, o que establecía la obligación ineludible de conformar una comisión parlamentaria para validar los decretos presidenciales de necesidad y urgencia. Más ajustado a derecho, los constitucionalistas apuntan que no existen privilegios absolutos y que incluso quienes están dispuestos a reconocer que la confidencialidad debe respetarse en algunos casos también enumeran las situaciones en las que los requerimientos de la justicia deben prevalecer.

La mayoría de los periodistas cree que los medios se encuentran frente a una ofensiva del gobierno de Bush, en alianza con jueces conservadores nombrados en muchos casos por el ex presidente Ronald Reagan, para “amordazar” a la prensa; en este contexto consideran que tanto los casos de Miller y Cooper en el affaire Plame como las restantes citaciones judiciales a periodistas para que revelen sus fuentes tienen una motivación política (ver Zona Dura del 8 de febrero: “Jim Taricani, el periodista norteamericano que está preso por no revelar sus fuentes” y del 18 de febrero: “La prensa de Estados Unidos teme una avanzada de Bush”).

También es llamativo que el fiscal especial Patrick Fitzgerald haya puesto en la mira a Judith Miller mientras el columnista Robert Novak al parecer ni siquiera fue citado a testimoniar. Y es curioso porque el ultra-conservador Novak fue quien expuso a Plame como agente de la CIA, mientras Miller comenzó a seguir el tema después de que se hizo público y jamás escribió una línea sobre el caso.

Hay quienes opinan que tampoco existió delito. La ley sobre identidad de los agentes secretos, sancionada en 1982, es muy estricta en cuanto a las condiciones que deben cumplirse para considerar un crimen la difusión de sus nombres: se debe establecer que alguien con autorización de acceso a información clasificada lo hizo público con premeditación. Esto, en principio, deja fuera a los periodistas, quienes no tienen permitido ese acceso, aunque sí lo pueden tener sus fuentes. Es por eso que los reporteros no fueron citados como autores de un delito sino como testigos de la comisión de un posible crimen.

La ley dice además que se debe probar que esa persona con acceso a información clasificada sabía que la revelación expone a un agente encubierto y que los Estados Unidos están tomando medidas efectivas para mantener en secreto esa relación entre el agente encubierto y el Estado. Finalmente, un agente encubierto es definido como alguien cuya identidad es información clasificada y que ha prestado servicio fuera de los Estados Unidos dentro de los últimos cinco años.

“Ella tenía un trabajo de escritorio en Langley”, (la sede de la CIA en Virginia), “y cuando uno quiere mantener a alguien realmente encubierto no lo tiene yendo y viniendo dentro y fuera del edificio todos los días”, comentó Victoria Toensing, consejera en jefe del Comité de Inteligencia del Senado en la época en que la ley fue aprobada.

Todo hace sospechar que realmente existió la intención de enviar un mensaje intimidatorio a los periodistas que emplean fuentes confidenciales y, sobre todo, a los potenciales informantes: hablar o publicar lo que se escucha es riesgoso. Pero incluso algunos de los periodistas investigadores más notorios del país consideran que Miller y el Times decidieron presentar combate en un caso que ofrece más motivos para el bochorno que para el orgullo: una vendetta política contra un ex funcionario que critica al presidente y que es ejecutada a través de la esposa, a quien se le arruina su carrera profesional.

“Yo uso fuentes confidenciales probablemente con más frecuencia que cualquier otro, pero el riesgo que esto involucra tiene que valer la pena. Y no creo que el riesgo de exponer a Plame haya valido la pena. Aquí no se trataba de los Papeles del Pentágono, este no es el caso que uno elige para sentar jurisprudencia”, afirmó Woodward. Para Walter Pincus, de The Washington Post, “es imprescindible distinguir entre información que tiene como objetivo simplemente perjudicar a alguien e información clasificada verdaderamente importante, por la que nuestras fuentes pueden perder sus empleos o ir a juicio”. Pincus fue citado en el caso Plame: a través de los abogados del Post negoció con el fiscal Fitzgerald ofrecer una declaración parcial, sin revelar su fuente.

Incluso The New York Times reconoció esos puntos débiles en un editorial: “francamente, este caso dista mucho de ser ideal. Hubiéramos preferido que nuestra reportera no sacrificara su libertad personal por una causa cuyos detalles son tan complicados y turbios”.

El 8 de julio, tras el arresto de Miller, David Ignatius resumió la opinión de buena parte de sus colegas en su columna del Post: “Como periodista estoy indignado de que Judith Miller esté presa por intentar proteger una fuente confidencial. Pero también estoy indignado al ver que la prensa se colocó a sí misma en una posición indefendible, que debilitará nuestra capacidad de proteger a verdaderos whistle-blowers y así servir el interés del público”. Ignatius prevé un futuro complicado, ya que “el caso Plame es un gran cartel de luz de neón señalando nuestra vulnerabilidad. Fiscales y abogados defensores muy probablemente sacarán ventaja de este nuevo y enfático rechazo de la justicia a nuestra pretensión de contar con un privilegio especial”.

El caso Plame rompió la tregua tácita que existía entre fiscales y periodistas desde mediados de la década del 70, por la cual la justicia no iría tras las fuentes de los reporteros. En rigor tenía todos los elementos para hacerlo: la Corte Suprema se pronunció una sola vez en su existencia sobre el secreto profesional de los periodistas y dictaminó que los medios no gozaban de ese privilegio.

En 1970 Earl Caldwell de The New York Times, quien escribió un artículo sobre la organización radical denominada “Los Panteras Negras” fue citado por un juez para que entregara todo el material que había usado para preparar la nota y revelara sus contactos con la organización. Aunque Caldwell no fue a prisión a causa de su negativa su caso llegó a la Corte Suprema, que lo trató junto con los de Paul Pappas (un periodista de televisión de New Bedford, Massachusetts, quien también había cubierto a los Panteras Negras) y Paul Branzburg del Lousville Courier-Journal, quien había entrevistado a algunos traficantes de marihuana.

En un fallo que pasó a la historia como el caso Branzburg, la Corte dictaminó en una votación de 5 a 4 que los periodistas no tienen derecho a rehusar dar testimonio ante un jurado en función de las promesas de confidencialidad hechas a sus fuentes. El juez Byron White planteó en la opinión de la mayoría que “desde el comienzo de nuestra nación la prensa ha operado sin protección constitucional para sus informantes y la prensa ha florecido”. El abogado de Branzburg había reclamado una protección amplia para las fuentes confidenciales, aunque con excepciones: entre ellas, si existía causa para creer que el reportero tenía información específica sobre amenazas en curso a la seguridad nacional, la vida o la libertad de una persona y no existía otra forma razonable de obtener la información. Un problema para los jueces de la mayoría, al que no encontraron solución, era determinar quiénes calificaban para gozar del privilegio: ¿los periodistas que trabajan en los medios, también los freelance, también una persona que reparte panfletos en la calle?

El caso Branzburg demuestra, señaló Douglas McCollam en la edición Noviembre-Diciembre 2004 del Columbia Journalism Review, que para la Corte la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege el producto final, la palabra emitida o publicada, pero no necesariamente el proceso de recolección de la información. Es por eso que, desde comienzos de los ’90, se comenzó a cuestionar a los periodistas no en relación con la veracidad o falsedad de lo publicado sino respecto de los medios utilizados para obtenerlo.

Expertos en medios y abogados comentan con una dosis de asombro que la prensa logró, con el tiempo, presentar lo que fue una derrota, y no menor, como un triunfo. Se dejó de lado el hecho concreto de que la Corte había rechazado la idea de un privilegio especial para los periodistas y se puso el énfasis en que el fallo se aprobó con el mínimo margen. También se dijo que los otros cuatro miembros estaban a favor de respetar la confidencialidad. Sobre todo, se remarcó que el juez Powell, quien aportó el crucial quinto voto, al fundamentarlo dejó abierta la posibilidad de contemplar el secreto profesional en ciertos casos. La Corte señaló, también, que el Congreso era por supuesto libre de votar una ley que otorgara a los periodistas el privilegio que reclamaban.

Las cosas parecían ir en esa dirección. En la época de Branzburg, apenas 17 estados habían aprobado shield laws (leyes escudo), que reconocían el derecho a la confidencialidad. Con el paso de los años ya son 31 los estados que cuentan con legislación de ese tipo, más el distrito de Columbia (la ciudad de Washington) y otros 18 estados reconocen diversas formas de protección de las fuentes. La excepción es Wyoming. No existe una shield law a nivel federal, pero mientras se desarrollaba la saga Plame varios miembros del Congreso presentaron proyectos para legislar el reporter’s privilege. El caso Plame comprendía un posible delito federal por lo que las leyes estatales no brindaban protección alguna a Miller y Cooper.

Además, desde Branzburg hasta estos días, la misma Corte Suprema había reconocido que algunas formas de comunicación deben ser protegidas y así lo dictaminó en 1996, cuando falló que la comunicación entre un paciente y su terapeuta o asistente social está protegida bajo la legislación federal. Este caso se agregó a los ya conocidos que privilegian la relación abogado-cliente, médico-paciente, entre esposos, el derecho a no declarar contra uno mismo y el secreto de confesión.

El caso de la prensa, sin embargo, es diferente. Los otros involucran a miembros de profesiones acreditadas que manejan información altamente confidencial, mientras que el periodismo podría ser descripto no tanto como una profesión sino una actividad en la que cualquier persona puede involucrarse y que, además, se ocupa sobre todo de acontecimientos de orden público. Una novedosa estrategia del fiscal complicó más las cosas para Miller. Fitzgerald hizo que decenas de funcionarios firmaran declaraciones relevando a los periodistas de cualquier promesa de confidencialidad que les pudieran haber hecho en cualquier momento. Aunque es cierto, como plantearon Miller y sus abogados, que definir esa situación como una decisión tomada voluntariamente y libre de presiones resulta poco creíble, la lectura en términos legales es que los periodistas no sólo reclaman el privilegio de la confidencialidad sino el convertirse también en los únicos jueces para decidir cuándo la promesa deja de tener efecto.

Los sistemas legales tienden a ser restrictivos a la hora de conceder inmunidades y mucho más una de estas características. El clima político y social también cambió en los últimos años y la prensa ya no goza de la buena imagen, ni el poder, que tenía en la época de Watergate. La Corte se negó a escuchar el caso y con su silencio ratificó la opinión mayoritaria de Branzburg. Para Miller y Cooper la opción era hablar o ir presos, porque los periodistas no gozan privilegios de confidencialidad que el resto de los ciudadanos comunes no poseen.

Asimismo, el decano de la Escuela de Leyes de la Universidad de Richmond, Rodney Smolla, opinó que algunos de los reparos expuestos por los miembros de la Corte en los años 70 reaparecieron agravados ahora. “El crecimiento de Internet y la cultura de los blogs puede haber contribuido al desenlace. Se hace mucho más difícil trazar un límite entre la tradicional prensa profesional y aquellas personas que diseminan información desde sus casas utilizando sus computadoras personales y que podrían comenzar a reclamar su derecho al secreto profesional para los textos que colocaron en sus páginas web”.

La decisión de la Corte, que esfumó la última esperanza de los periodistas y los enfrentó con la inminencia de una condena de prisión tuvo el efecto de destrozar la alianza entre el Times y la revista Time, que hasta habían compartido el mismo equipo de abogados para defender a sus reporteros.

Tras la decisión de la Corte Norman Perlstine, editor-jefe de Time Inc., que a su vez es parte del gigante Time-Warner, anunció que enviaría a la justicia los apuntes personales de Cooper sobre el tema más toda la documentación existente en relación con el caso Plame. Paralelamente, contrató a un nuevo equipo de abogados. Perlstine declaró que el abogado y el periodista que hay en él habían estado en conflicto durante muchas semanas acerca de qué actitud tomar pero que finalmente entendió que no podía ir en contra de una decisión de la Corte.

El margen de maniobra de Cooper se redujo prácticamente a cero. Miller aún podía ir a la cárcel y efectivamente resguardar a su fuente, pero en su caso la insistencia en no declarar significaba terminar en prisión para proteger a nadie: él mejor que nadie sabía que entre el material que su máximo jefe envió a la corte había en e-mail que él le envió a su editor, en el que mencionaba que había discutido el caso con Karl Rove, el máximo asesor político y estratega del presidente Bush. Poco importa si es cierto que obtuvo en el último minuto una prueba convincente de que quedaba relevado de su promesa de confidencialidad. Perlstine ya había decidido el nuevo curso de la historia por él.

La decisión no fue vista con buenos ojos en The New York Times, a juzgar por los comentarios publicados tras el anuncio de Perlstine. En una columna especialmente vitriólica, que poco tiempo atrás los editores del diario no hubieran considerado fit to print, se pasó revista a los éxitos empresariales de Perlstine: se indicó que los ingresos del año 2004 treparon a los 5.600 millones de dólares. La nota editorial (no llevaba firma) agregó: “Seguir la pista de los logros periodísticos es un poco más difícil (...) La transformación de la revista Time en una Biblia de las notas sobre costumbrismo y estilo de vida frecuentemente dejó a otros las historias más ambiciosas”.

Frank Rich, un columnista de “cabecera” del diario comparó a Perlstine con la ya fallecida propietaria del Washington Post en tiempos del caso Watergate, Katherine Graham y su director Ben Bradlee, quienes “apoyaron a Woodward y Bernstein a pesar de que la Casa Blanca de Nixon amenazó con cancelar las licencias de los canales de televisión que poseía el diario (...) Parece que Time Warner tiene demasiado dinero puesto sobre la mesa en Washington para manejarse con total libertad editorial cuando se trata de cubrir información del gobierno, sobre todo en este momento, cuando está a la espera de la aprobación de su compra, junto con Comcast, de la quebrada compañía de cable Adelphia”.

El Times no estuvo sólo. Steve Lovelady escribió en la página web del Columbia Journalism Review que Perlstine “se ha unido a ese selecto puñado de personas que conocen con seguridad y precisamente qué es lo que va a decir el primer párrafo de su obituario”.

El 11 de julio, Perlstine tuvo que afrontar la crisis interna. Sentimientos de indignación y sensación de haber sido traicionados eran comunes entre la mayor parte de los miembros de la redacción de Time. La gran duda era si en vistas de la decisión de su editor en jefe algún periodista de Time sería alguna vez tomado en serio cuando prometiera confidencialidad a una fuente. Perlstine almorzó con 18 miembros de la oficina de Washington y cenó con unos 24 de la redacción de New York, a quienes trató de convencer de que la revista de ninguna manera había renunciado a su compromiso de practicar un periodismo agresivo. Al parecer no tuvo mucho éxito.

Pero Perlstine también tuvo apoyo, dentro y fuera de la empresa. Los periodistas estadounidenses se mostraron divididos desde un principio. Algunos consideran que no es correcto emplear fuentes anónimas y existen medios que directamente prohíben su utilización. Tras la decisión de la Corte, otro grupo, que no necesariamente rechaza su uso, opinó que sencillamente no se podía ir en contra de un fallo judicial ajustado a derecho, sin importar las inclinaciones personales. Col Allan, editor jefe del New York Post, declaró que entendía la preocupación de los periodistas: “alguien ha perdido su libertad y a los ojos de muchos no se ha cometido ningún crimen. El problema, sin embargo, es que nosotros acá en el Post creemos que los periodistas no están por encima de la ley”.

Entre bambalinas otro debate se desarrollaba. Cuando en los años 80 y mucho más en la década del 90 se comenzó a desarrollar el a veces frenético proceso de concentración de medios, algunos opusieron a las críticas fundadas en la necesidad de preservar la pluralidad de opiniones el argumento de que empresas poderosas estarían en mejores condiciones de resistir presiones. Perlstine demostró que además de poder hay que querer. “Time ha enviado el mensaje de que no se puede confiar necesariamente en que las grandes empresas de medios van a proteger a sus fuentes”, declaró el editor del New York Times Bill Keller.

La nostalgia por los años de Watergate no se debe a que los periodistas que vivieron esa época quedaron congelados en el tiempo. La prensa americana alcanzó allí su momento de máximo esplendor. Duró poco y la pérdida de influencia y poder no se ha detenido desde entonces.

Ese sentimiento de pérdida y debilidad es evidente en cada artículo u opinión de la última quincena en relación con el caso Plame. “Los periodistas frecuentemente sostienen que ellos no son más que representantes del público y que cualquier protección legal especial que reclaman para sí mismos tiene que ver con el bienestar de la sociedad en general. Los jueces fueron por tiempo receptivos a ese razonamiento”, escribió Adam Liptak en The New York Times. Jane Kirtley, profesora de ética periodística en la Universidad de Minnesota, observó con alarma que “nos encontramos frente a una completa falta de consideración hacia una prensa independiente en una sociedad libre. El hecho de que los tribunales no muestren ningún aprecio por esto es un hecho nuevo, problemático y no se puede vislumbrar el impacto que esta tendencia tendrá en el futuro”.

Los gobiernos solían tener consideración por la prensa; o por lo menos respetaban su poder y el daño que les podía ocasionar estar en malos términos con los principales medios del país. Pero, como Ken Auletta señaló en The New Yorker, “la Casa Blanca ahora ve a la prensa simplemente como a un grupo de presión más y, sobre todo, uno que no es ni por asomo tan poderoso como solía serlo”.

Años atrás no le era difícil a un periodista o un medio superar presiones oficiales o un desafío en una corte con sólido apoyo del público y una actitud solidaria de los jueces, algunos de los cuales escribieron memorables y vibrantes fallos, alegatos sobre la importancia de una prensa libre en la sociedad democrática que aún se leen con emoción en las cursos universitarios. Pero los medios cambiaron y ahora muchos sólo ven en ellos a grandes corporaciones que sólo buscan la maximización de sus ganancias. Piensan que abandonaron su función de “freno y contrapeso” del gobierno y las empresas porque ahora muchos de los medios son divisiones de corporaciones que tienen negocios con el gobierno.

Desde 1978 hasta hoy, 10 periodistas fueron arrestados, en la mayoría de los casos por no acceder a pedidos de jueces que consideraron inapropiados (ver la lista de los detenidos y los cargos que enfrentaron). Pero mientras años atrás las condenas eran a veces casi simbólicas, en los últimos tiempos la severidad de las penas aumentó, así como la frecuencia de las citaciones y causas abiertas contra periodistas. Cuatro de esas 10 condenas se produjeron en los últimos cinco años (desde 2000 hasta hoy), frente a las seis que se verificaron a lo largo de los restantes 22 años.

“La tibia reacción del público frente al encarcelamiento de Miller y la casi condena de Cooper refleja la declinante aprobación de los periodistas y su constante uso de fuentes del riñón del poder sin identificarlas por su nombre”, escribió Howard Kurtz, el respetado crítico de medios del Washington Post.

Las encuestas no muestran un panorama optimista. En octubre de 2004 un sondeo del First Amendment Center del Freedom Forum reveló que un 72% de los encuestados aceptaba el respeto de la confidencialidad de las fuentes, aunque sólo en ciertos casos. Pero el 86% señaló que cuestionaba la exactitud o corrección de las notas que incluían fuentes anónimas y un 52% opinó que directamente no debían ser publicadas. Una investigación reciente de la Associated Press Managing Editors Association mostró que un 44% evaluaba como menos creíble una historia que incluyera fuentes anónimas y sólo 11% la consideraba más creíble. Para un 42% de los entrevistados su utilización o no le resultaba indiferente.

El 26 de junio de este año, el Pew Research Center for the People and the Press difundió un amplio estudio sobre la imagen de la prensa en los Estados Unidos. Un 80% de los entrevistados dijo que tenía una opinión favorable del diario de su ciudad, pero no hay muchos motivos para festejar. Ese alto porcentaje apenas refleja un sentimiento de simpatía, probablemente basado en la tradición. Sólo el 54% de los consultados respondió que creía lo que publicaba el diario de su ciudad, en contraste con el 85% que sí consideraba confiable lo que leía en 1985.

Asimismo, el 40% de los entrevistados opinó que las organizaciones noticiosas son “demasiado críticas de los Estados Unidos” (67% entre quienes se declararon republicanos) y 47% dijo que las críticas publicadas sobre las fuerzas armadas debilitaban las defensas de la nación (67% entre los republicanos, pero 4 de cada 10 demócratas compartieron el juicio de valor). Seis de cada diez consideraron que los medios son políticamente tendenciosos.

La investigación del Pew Center también reveló que un 76% aceptaba que sólo a veces se permita mantener las fuentes en reserva, un 20% creía que siempre debían identificarse y un 52% consideraba que utilizarlas “es demasiado riesgoso”.

Los editores comenzaron a pensar lo mismo como consecuencia del caso Plame. Doug Clifton, editor del mayor diario de Ohio, The Plain Dealer de Cleveland, advirtió en una reciente columna que “mientras escribo estas líneas dos artículos de profunda importancia languidecen en nuestras manos. El interés del público sería bien servido si tomara conocimiento de ellos, pero ambos están basados en documentos filtrados a nosotros por personas que enfrentarán graves problemas por haberlos entregado. Publicar esas historias conducirá seguramente a una investigación de la filtración y a la opción final: hable o vaya preso”.

En contraposición con alguno de los personajes que animaron el affaire Plame, con episodios más aptos para el bochorno que para el orgullo de haber tomado parte en ellos, Miller aparece como uno de los protagonistas más atrayentes, en el que se mezclan la controversia desatada por su acrítica cobertura del supuesto arsenal de armas de destrucción masiva de Saddam hasta su decisión, no menos controvertida, de mantener su palabra incluso frente a la posibilidad concreta de ir a la cárcel.

Sin llegar al heroísmo, cuando menos hace falta coraje para responderle a un juez, tras escuchar la advertencia final sobre su encarcelamiento en caso de no testificar: “Yo no hago promesas de confidencialidad así como así. Pero cuando las hago, las mantengo”.

Miller, una neoyorquina de 57 años, es la hija del dueño de un hotel y un night club que paseó a su familia de una costa a la otra y de Norte a Sur, desde la Gran Manzana a Las Vegas, de Los Angeles a Miami. Tras obtener un doctorado en relaciones internacionales en la Universidad de Princeton, Miller comenzó a escribir en íconos del periodismo progresista, como las revistas The New Republic y Progressive. Sus artículos tuvieron impacto y decidió cambiar el mundo académico por las redacciones. Cuando ingresó al New York Times le asignaron la cobertura de la SEC, Security and Exchange Commission, el equivalente de la Comisión Nacional de Valores argentina. Steve Rattner, un ex reportero del Times y ex novio de Miller recuerda haberle preguntado al jefe de la sección negocios si la nueva periodista conocía el tema que iba a cubrir. “Ni siquiera sabe qué significan las iniciales”, fue la respuesta.

Sin embargo, señaló Rattner, “ella se hizo cargo de lo que era el más acabado ejemplo en el Times de una sección cerrada a toda nueva idea o influencia exterior y la puso en la primera plana del diario”. Miller fue también corresponsal en París, la primera mujer en el Times que llegó a jefa de una corresponsalía, en El Cairo y pasó algún tiempo en Libia a mediados de los 80, durante el período de máxima tensión entre los Estados Unidos y Kaddafy. Se especializó en la cobertura del Medio Oriente y temas vinculados con la seguridad nacional.

Ganó un premio Pulitzer por esa cobertura, pero sus artículos de primera plana con exclusivas acerca del arsenal de armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, con información de fuentes anónimas del gobierno de Bush y la comunidad de inteligencia, se volvieron en su contra cuando las armas no aparecieron y la manipulación informativa de Bush para justificar la guerra se hizo evidente. La reacción fue hasta cierto punto injusta: se tomó a Miller, probablemente por su posición en el Times, como símbolo de esa campaña de desinformación cuando en realidad todos los grandes diarios del país publicaron exactamente los mismos alegatos del gobierno. Sólo unas pocas publicaciones progresistas (The Nation, Mother Jones, servicios online de similar tendencia como Alternet, The American Prospect, Moving Ideas, Tom Paine o American Progress, entre otros) cuestionaron la línea oficial.

La desconfianza no se borró ni siquiera cuando estaba a punto de ir a la cárcel. Michael Massing, un editor freelance del Columbia Journalism Review, puntualizó que “en el momento en que estaba siendo objeto de escrutinio y crítica por sus artículos sobre Irak, ahora se la está presentando en el rol de mártir del periodismo”. Kurtz, el crítico de medios del Post, comprobó un clima similar el día que fue enviada a prisión: “Si la blogósfera sirve como indicador, sus críticos progresistas todavía no le perdonan haber usado fuentes de la administración Bush para inflar denuncias sobre armas de destrucción masiva, antes y después de la guerra de Irak. La consideran como una herramienta de la Casa Blanca, sobre todo porque creen que su silencio actual es para proteger a Karl Rove”.

Lucy Dalglish, directora ejecutiva del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, prefirió balancear críticas y elogios. “El caso Plame ha rehabilitado un poco su imagen (...) Incluso dentro del New York Times hubo un enorme grado de controversia en torno a ella (...) Aún si ella cometió un error en el pasado y no fue suficientemente escéptica en el pasado, en este caso está haciendo lo que es correcto”.

Su colega del Times Lorne Manly, por su parte, en el lead y el segundo párrafo de la nota sobre su condena a presión ya dejó escrito el guión de la escena central de la película que a alguien se le podría ocurrir filmar sobre el caso Plame. Después de todo, fue el más grave enfrentamiento entre el gobierno y la prensa en una generación y esta vez ganó el gobierno. Dice la crónica: “Cuando fue evidente ayer en la corte federal de Washington que Judith Miller iba a ser enviada a prisión por no revelar la identidad de su fuente, ella se quitó su bijouterie. Entonces, con una media sonrisa, se puso de pie, caminó unos pocos pasos y le entregó a su marido un delgado collar de oro con un rubí. La mirada que le dirigió a su esposo fue más bien triste y cargada de recuerdos, dijo Bill Keller, jefe de redacción del Times, quien estaba sentado cerca de ella en la sala del juzgado. Fue como si le estuviera diciendo “no voy a necesitar esto por un tiempo”, dijo Keller”.

Hará falta una actriz de carácter. Si el Times supera sus actuales, quizás momentáneas diferencias con Time Warner, esta compañía podría filmar la película y hasta quizás enlistar a Meryl Streep para hacer el papel de Judy.